Interpretando un caso mediático
Si conmocionó la apertura, extensión y dureza de la operación Rusadir (rehusamos del sobrenombre de Santiago), la revocación de las medidas cautelares ha causado perplejidad. La libertad sin fianza hace pensar que las principales acusaciones decaerán de aquí a la apertura del juicio oral, si es que llega a celebrarse algún día con algún acusado de renombre.
A estas alturas no había nadie que no pensara que la prisión preventiva se extendía demasiado, 71 días, y que la asignación de unas fianzas similares a las del Procés de Catalunya eran excesivas. Pero no cabe discutir las acciones judiciales, solo recurrirlas por parte de las defensas, cosa que han hecho.
Tenemos a mano un manual de Derecho para «no letrados«, publicado bajo el pseudónimo de Judge the Zipper (JthZ), y titulado Destripando el Derecho, que viene a ser un catecismo judicial para neófitos.
Jueces y Justicia
La politización de la Justicia es un hecho innegable porque muchas cuestiones políticas se deciden en los tribunales y porque se recurre a ella para que los dirima. Ya no sólo vale con refutar al adversario, sino que además se intenta su condena en algún modo. Según JthZ «esto no afecta directamente a la independencia judicial», pero añadimos que sí la contamina y altera. Los jueces trabajan bajo la presión política, social y la mediática y esto puede ser causa de excesos, errores, aciertos, desde nuestra óptica, pero los jueces rectifican reformando sus propios autos, como ha resultado en el presente caso.
Una cuestión preventiva
«La prisión preventiva es un medida muy excepcional que el juez sólo puede acordar en determinados casos y que lo normal es que los investigados permanezcan en libertad durante todo el proceso, recursos contra la sentencia incluidos», en opinión de JthZ, para que se determine este tipo de medida deben concurrir tres hechos, a saber: 1- Que el delito principal supere los dos años de prisión. 2- que existan sospechas fundadas de que se ha cometido ese delito. 3- Que lo solicite el fiscal o una acusación particular. El juez no puede actuar sin apoyos.
¿ Qué es lo que ha ocurrido en Melilla? Hemos pasado en un mes de la prisión preventiva y de fianzas millonarias, a la desaparición de todo eso. La única interpretación posible es que existan dudas razonables sobre el delito más sorprendente: el de asociación criminal con fines delictivos. Algo que se veía como desmesurado, y que deberá probarse en juicio, de mantenerse esta acusación, que no lo parece. La prisión provisional es algo que el juez debe motivar mucho, se escribe en Destripando el Derecho.
La cuantía de la fianza debe estar en relación con la capacidad económica del investigado. No puede ser una segunda barrera y eso podría explicar su desaparición.
Melilla, bajo la sombra de la corrupción
Todo lo que llevamos de siglo hemos caminado bajo la sombra de la corrupción. En el año 2000 fue detenido un consejero autonómico de Hacienda bajo esta sospecha, siendo finalmente juzgado y declarado inocente, con la anulación de todas las pruebas que condujeron a esa imputación. Las operaciones policiales de Ópera y Tosca (2014 a 2016) pusieron patas arriba el Palacio de la Asamblea, resultando imputados consejeros, cargos de confianza y funcionarios, pero todo se archivó sin llegar siquiera a juicio.
Resolución final
Nada se ha sustanciado en Melilla en todo lo que llevamos de siglo XXI, ni antes tampoco. JthZ hace mucho hincapié en que a pesar de las imputaciones, de la apertura del proceso, de la revelaciones filtradas a los medios, «la presunción de inocencia sólo se destruye con la sentencia» o con el reconocimiento por parte del acusado.
Hemos detectado una desaparición completa de analistas oficiosos, de filtradores y de comentaristas, en los últimos días, como si nadie entendiera qué ocurra. Ahora solo impera el silencio.
El lawfare es un concepto sometido a debates e intervenciones muy amplias y difusas. Lo que existe es la instrumentalización de la Justicia por parte del mundo político. Todos quieren extender la influencia este tercer poder del Estado. Hay jueces instrumentales y políticos que son jueces, aunque lo prohíbe La Constitución. Para evitar esta y otras incomodidades se hicieron los reglamentos.
El Poder político, sea cual sea, lo esgrime como recurso para crear zonas de sombra. Es un concepto importado de Sudamérica, pero resulta difuso, salvo en que el Derecho se interpreta y utiliza como arma arrojadiza. Los delitos lo son o no en función del actor principal, y de la posición con respecto a los mismos, no de los hechos.
No sabemos qué ha pasado en Melilla en las últimas décadas, aunque hayamos podido verlo y formar opinión. El mal tomó forma en 1997 y nombre en 1999, bajo las siglas del GIL (Grupo Independiente Liberal).
El Alminar de Melilla 