La apuesta por Melilla


 

                      El Gobierno del PP de Mariano Rajoy apostó decididamente por Melilla, modificando los tipos de gravamen sobre las Actividades del Juego de todo tipo de apuestas, salvo las que dependen directamente del Estado como la Lotería Nacional, en abril de 2018, con el PP ya en camino de salida del gobierno de España.

                            La pretensión del Gobierno de Mariano Rajoy, en su apuesta por Melilla y Ceuta, fue convertir a las dos ciudades autónomas en una alternativa a Gibraltar, y la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea, se lleve esta o no a cabo (Melilla and Ceuta will become in two small Gibraltar). Tras la reforma impulsada desde Ceuta y Melilla con el Ministro Montoro, la fiscalidad del sector de Juegos y Apuestas ha quedado reducida al 10% sobre los ingresos netos (dinero jugado menos premios entregados), en nuestras dos ciudades. Así, un sector que mueve unos 1300 millones de euros anuales, solo aporta 53 millones de impuestos al Estado, lo que constituye en realidad una puerta abierta a cualquier cosa. Un agujero fiscal tolerado, consentido y propiciado desde el Estado. En el resto de España el gravamen impositivo único es del 20%.

                    Se puede apostar todo y por cualquier cosa: carreras de caballos, de galgos, deportes de cualquier clase, ligas españolas o europeas. Desde la modificación del Ministro Montoro, este tipo de locales de apuestas han proliferado por toda la ciudad. El más reciente se está rehabilitando junto al nuevo parque infantil del barrio del Industrial (en la antigua sede de populares en libertad), lo que resulta un despropósito.

           Todo este tipo de actividades, ya descontroladas esconden un problema muy grave, la ludopatía, que es una enfermedad social, aparte de individual. Ya hemos visto que el beneficio que obtiene el Estado es ínfimo, por lo que los expertos se preguntan del porqué de renunciar a una buena parte de esos beneficios fiscales. Aquí el jugador no gana nada, y llega a suponer la ruina de muchas personas y de familias completas. Al ludópata al final lo tiene que tratar y rehabilitar  la Seguridad Social, cuando ya ha arruinado a todo su entorno.

         En todas las ciudades de España en donde están aumentando este tipo de locales, la población se manifiesta por su proliferación indiscriminada en determinados barrios, salvo en Melilla, ciudad en la que ya nadie se manifiesta por nada (por carecer de transportes, de sanidad, de colegios, de piscinas públicas). Ni siquiera la retirada de la subvención a la bombona de butano y que ha encarecido casi un 40% su precio, ha suscitado el más mínimo debate. Todo un síntoma.

           El barrio del Industrial, el del Real, el mismo Centro, el parque comercial, se están llenando de los nuevos locales de apuestas, que han sustituido a las antiguas máquinas tragaperras, y a los locales clásicos, sin que suponga para la ciudad una apreciable cantidad de puestos de trabajo o de recaudación fiscal. Algunas son antiguas cafeterías reconvertidas en salones de juego. Esta es  nuestra apuesta.

 Nota:https://www.elconfidencial.com/economia/2018-04-28/montoro-hacienda-juego-online-ceuta-melilla-gibraltar_1556251/

 

Julio en Melilla. La demolición del Estado


        El recorte a los trabajadores públicos es una cuestión ideológica

        Las Torres de V Centenario son el icono de la Administración del Estado en Melilla. Hay otras administraciones, pero estas torres son ya la imagen de la actividad administrativa pública. Ministerio de Justicia, Hacienda, Catastro, Instituto de Gestión Sanitaria,  Agencia Tributaria, Instituto Nacional de Estadística, tienen en ellas sus dependencias. El Gobierno del Partido Popular ha atacado de frente los derechos laborales de los trabajadores púbicos, cuyas plantillas son prácticamente las mismas desde hace muchos años.

           Frente a la medidas económicas, dañinas para todos, hay otra que no se entienden y que suponen una «agresión gratuita», como la reducción a la mitad de los días de libre disposición, o la pérdida de días de vacaciones por antigüedad acumulada. En total alcanzarán la media de 6 días por trabajador, lo que no servirá para crear empleo alguno, ni para reducir costes laborales. Eso sí, el malestar del empleado público se multiplicará en una medida muy por encima del nulo beneficio de la medida, que es simplemente una agresión gratuita. Esto es insólito, inaudito y nadie antes lo había hecho. El día antes, el Ministro para las Administraciones Públicas Cristobal Montoro decía que : » No se planteaban ninguna medida con respecto a los días de libre disposición». Esto es hacer las cosas dando la cara. Lo que también está claro es que se han cargado de golpe toda la senda recorrida en el camino de la conciliación de la vida laboral y familiar.

         Eso sí, que no se preocupe el Gobierno del Partido Popular, porque los empelados públicos de este país, seguirán trabajando con la misma eficiencia que lo han hecho hasta ahora. La cuestión del rendimiento laboral y de la productividad no está en ese punto, ni en el camino en el que lo están buscando. Los empleados públicos españoles son eficaces y productivos. El PP está demoliendo el sector público simplemente porque no cree en él, porque el Partido Popular está ya en manos de la ortodoxia ultraliberal, que es dotar de más recursos, beneficios y posibilidades a los que más tienen. Las grandes fortunas, los grandes empresarios, la clase burguesa a la que representa el PP no se verá afectada por ninguna de estas medidas. Ellos siguen teniendo todo a su disposición.

               ¿ Qué producen los empleados públicos ?

      Escuché la frase o la idea hace unos meses y me gustó, la de producir «el bien común». Eso es exactamente lo que producen los empleados públicos de España y en cualquier otro país.  Funcionarios de Policia, de Sanidad, de Educación, militares, de la Administración Tributaria y así hasta el infinito, producen bienestar común, porque atienden a nuestros hijos, porque nos atienden a todos nosotros, porque recaudan dinero para El Estado ( no todo el que les dejan y desearían), porque llenan de seguridad nuestras calles, nuestras fronteras, porque imparten justicia, porque agilizan cualquier trámite administrativo para cobrar pensiones, para solicitar ayudas, y así tambien hasta el infinito.

           Para producir todo ese bienestar común solo se necesita una cosa fundamental, la estabilidad laboral, necesaria para cualquier trabajo y el Partido Popular también ha decidido acabar con eso. Ahora ya han llenado todo de inestabilidad y de incertidumbre, en todos esos mismos ámbitos que antes eran seguros. Lo han hecho porque no creen en el Estado, porque son la manifestación visible de la ideología ultraliberal.

            ¿ Equiparar todo a la gestión privada?. La gestión privada, la de las grandes empresas y bancos han dado sobradas muestras de ineficacia y ahora les estamos tapando el agujero económico. No hay empresario español que no reciba que no reciba subvenciones a mansalva, que no tenga beneficios fiscales o exenciones tributarias.

            Las deudas de las empresas de IBEX 25 son superiores a las de la Administración Pública y a la deuda privada sumadas. El señor Rossel, Presidente de la patronal española no debería dar consejos a nadie y si lo hace, que piense antes en cómo acabó el último presidente de los empresarios españoles, el Sr. Díaz Ferrán. El rescate de los 100.000 millones de euros se ha pedido para los banqueros. Un empleado público español tributa por cada euro que le pagan o está en su nómina. ¿Puede decir un solo gran o medio empresario español que tributa por cada euro que obtiene de beneficio?. Creo que la cifra no alcanzaría ni a uno solo. Esa sí es la senda para recaudar más.