Tiempos Nuevos fue una revista mensual de política internacional de la extinta Unión Soviética, editada en español. Me gustaba el nombre y el enfoque de la política mundial. Todo era novedoso. En la década de 1980 existía una alternativa política y económica a las relaciones internacionales. Ahora, nuestra única opción es suavizar o paralizar el desarrollo del capitalismo del desastre, como lo llama Naomi Klein.

            La formulación marxista (eliminados ya sus excesos), de la que deriva el socialismo, es una ideología del Estado, como elemento común y de protección de los ciudadanos. El liberalismo extremo que propone el capitalismo de Milton Friedman, es justo lo contrario, o sea, la reducción del Estado a los niveles mínimos e imprescindibles, y la cesión de todo el espacio a «los mercados». En una sociedad así, el individuo queda expuesto a lo que pueda obtener por sus propios recursos, casi sin amparo de ningún tipo. La concentración de la riqueza en cada vez menos manos, y el auge del imperio de las multinacionales, con poderes superiores a los de muchos Estados, y que son verdaderos «dictadores privados», no augura un futuro halagüeño, por mucho que una afirmación de Perogrullo, diga que en el siglo XXI se vive mejor que en el XII, y en este último mejor que en el I aC.

                               Los resortes del Estado

             Definir qué es un Estado no es cosa fácil, porque existe una parte visible que todos vemos y una intangible, difícil de materializar o de concretar en una descripción. Cuando un Estado, como el nuestro, se ve comprometido por la corrupción, o por intentonas secesionistas, es normal que se produzca reacciones de defensa, no siempre acertadas. Hay casos de destrucción inevitables, como Yugoslavia, en el que casi todos empujaron en direcciones opuestas, y dieron lugar a la debacle actual. Hay asaltos de la corrupción que amenazan con minarlos, como Italia o España, o que acaban con ellos, como México y Brasil, en lo que se denominan Estados fallidos, en la expresión de Noam Chomsky. Algunos otros son destruidos intencionadamente, como Iraq, Siria o Libia, para abrir nuevos territorios a los mercados.

               Hay una vieja idea que vaga por páginas y libros, en la que se dice que en algún rincón del Estado, hay siempre una luz encendida en algún despacho, en permanente estado de vela. En algún lugar acaba llegando todo lo que se escribe, dice u opina. Esto es un hecho que hemos podido comprobar en una ocasión en El Alminar. Algo aquí escrito, llegó en menos de un día al centro mismo del Estado. Esa es una de las razones por la que seguimos escribiendo, cuando casi todo aconseja dejar de hacerlo. Nosotros, en El Alminar, sí creemos en el Estado y en su defensa.

              Lo escrito es recogido por alguien, que a su vez lo comenta, y se va expandiendo, y puede llegar a generar una corriente de opinión. Siempre existe la labor de individuos aislados, que se posicionan en la defensa del Estado. Jose Luis Peñas, es el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la trama de la Gurtel, y que además aportó pruebas y grabaciones que permitieron desmontar la trama en la Autonomía de Madrid. Su declaración ante el juez Baltasar Garzón dio lugar a la apertura de las investigaciones en 2009. Un defensor del Estado puede surgir en cualquier lugar.

                                        La sentencia 20/ 2018

               Ángel Hurtado, presidente de la Sala 2ª de lo Penal de la Audiencia Nacional, no solo se opuso a redactar la sentencia, sino que también discrepó de varias medidas tomadas por sus compañeros, y provocó el retraso en la promulgación de la misma, lo que al final ha acabado ocasionando un daño mucho mayor, pues esta se ha emitido en el peor momento político posible. Jose Ricardo de Prada, ya sustituido, es el magistrado que empujó la redacción hacia una sentencia más dura y ejemplarizante. Así pues, podemos considerar a esto último entre el grupo de los defensores del Estado.

               En la larga (1687 páginas) fundamentada y sólida sentencia, el Tribunal sentenciador enumera un amplio catálogo de prácticas corruptas y que perforan y vulneran todos los tipos de contrataciones por parte de las Administraciones Públicas: sobreprecios, comisiones pactadas a cambio de contratos públicos y cobradas por adelantado, y fraccionamiento de contratos; un instrumento para encubrir irregularidades, en opinión de los magistrados, así como también fijan su atención sobre los contratos menores: «una irregularidad para evitar controles». En este entramando de fuga de dinero público, aparecen llamativamente las empresas de eventos, de las que analizaron 668 operaciones.

               «El dinero es un bien fungible y por tanto sustituible», dice el Tribunal, por tanto susceptible de hacerse  desaparecer de muy diversos modos. Sociedades pantalla, empresas creadas «ad hoc» sin actividad real y con objetivo meramente fiduciario. La sentencia 20/2018 es una clase magistral sobre la corrupción, en la zona limítrofe con la Administración Pública. El contrato administrativo al que se opta, bajo el amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, está previamente acordado en la práctica corrupta puesta a la luz por la sentencia, mediante el conveniente pacto extramuros. Hay una cosa que hace observar el Tribunal, y es que ese pacto previo o posterior, no tiene porqué derivar siempre en un incremento del mismo, sino que podría suponer también la reducción de beneficios por parte del contratista o del subcontratista.  Como en toda actividad humana, la codicia está siempre presente.

         La sentencia 20/2018 establece como probada la relación personal de Correa con dirigentes del Partido Popular, así como la relación entre el Grupo Correa y el Partido Popular: «Creándose por otra parte en paralelo, un eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes  de dicho partido que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión de la contratación pública de determinados entes y organismos que dirigían o controlaban directamente o  a través de terceras personas (Comunidades Autónomas y Municipios gobernados por el PP». «Mediante el inflado de precios, se obtenían importantes cantidades a costa del erario público, para el lucro personal, o que luego se repartían entre cargos públicos designados como corruptos, bien en metálico, o en forma de regalos, tanto para ellos como para sus familias». Esto es lo que dice la sentencia.

          La Justicia, como uno de los Poderes del Estado, se ha mostrado capaz de ser útil a su defensa. En casos así, solo la Justicia puede poner freno a semejantes desmanes.

                                        La Moción de Censura

           Cada uno de los 350 diputados del Parlamento español ostenta la misma carga de soberanía y legitimidad delegada por el pueblo español. El artículo 113 de la Constitución Española regula y define el mecanismo de la moción de censura. Es por tanto una acción legítima, legal y constitucional, contra la que no se pueden poner objeciones. Solo la suma aritmética (176 diputados), decide cuando una moción de censura prospera o fracasa. La moción de censura es un modo de exigir la responsabilidad política a un gobierno en un momento determinado. A la presidencia del gobierno se puede llegar de modo directo, elecciones, o a través de una moción de censura. Leopoldo Calvo Sotelo llegó a la presidencia del gobierno en 1981, tras la dimisión de Adolfo Suárez tras un moción de censura, que no prosperó, pero que le erosionó de modo definitivo

          El 24 de mayo se publicó la sentencia de la Trama Gurtel. La opinión de que la corrupción es la carcoma que devora un Estado es generalizada. Es el principal problema del país junto con la amenaza secesionista. La sentencia confirma que la práctica corrupta está asentada en el centro mismo del Estado (vicepresidentes de gobierno, ministros, presidentes autonómicos, concejales). Tras el estado de conmoción, surge la reacción. El consenso ciudadano avala una respuesta del Congreso de Los Diputados. Tras unos días de aparente inacción, el hoy Presidente Pedro Sánchez se decide por el uso del mecanismo constitucional.

              En opinión del Alminar, se trata de un salto con red, no al vacío. El consenso ciudadano, los estados de opinión, y las consultas en el interior del Estado tejen los apoyos y acuerdos necesarios. Son fuerzas muy divergentes, y sumas imposibles de realizar de otro modo, salvo que se trate de una acción de supervivencia del Estado Constitucional Español. El gobierno está paralizado y sin capacidad de respuesta. Las amenazas: corrupción y separatismo están dentro y frente al Estado. La única posibilidad de hacerles frente es esta, una suma en la que todos ponen algo de su parte y deben ceder.

                   En contra de la opinión más extendida y divulgada, la opción de Pedro Sánchez y el apoyo de todos los partidos políticos, excepto PP y Ciudadanos; es ya la última alternativa, previa a la desintegración del Estado, bajo la corrupción y los procesos secesionistas. No es que el Partido Socialista se eche en brazos de los separatistas para auparse al Poder. Ha sido justo lo contrario, que el apoyo de todos los grupos del arco parlamentario (Podemos, nacionalistas, republicanos) le han ayudado a obtener la Presidencia del Gobierno, para regenerar la Democracia, poner freno a la corrupción y para buscar una alternativa Constitucional al proceso separatista ya en marcha.

                      Solo tienen  un año para encontrar y poner en marcha la única alternativa posible. El fantasma de Yugoslavia está cada vez más cerca, que también era un Estado corrupto. De modo imprevisible, el 1 de junio se ha abierto la posibilidad de un tiempo nuevo.