La forma del Estado da igual si la democracia es firme. Los anarquistas lo tenían más claro e identificaban en el Estado a la fuente de todos los problemas y males. La cuestión no es que existan republicanos, monárquicos o antisistemas, sino que existan demócratas.

Este artículo es una de las tareas pendientes del Alminar, del que sólo estaba escrito el título. Una consultora del consejo de redacción del Alminar nos pidió esta reflexión, pendiente desde mayo y a la que respondemos ahora. Decía Svetlana Stalin, cuando le preguntaban por su padre, que ella «ya conocía lo que había hecho Stalin, pero que muchos habían aprovechado para limpiarse las manos en su camisa» en el proceso de desestalinización. La cuestión inquietante es que los jefes de Estado o gobierno no suelen manchar sus propias manos con casi nada, pese a que sean responsables de todo, con sus directrices o políticas. Entre el dirigente político y la mano ejecutora o actora del posible delito o error, media una larga cadena de servidores, que les preserva de la imputación, e incluso de la carga moral. Nadie siente la responsabilidad por sus actos políticos.

En el momento actual el gran problema es la corrupción y la tentación autoritaria. El último en caer ha sido el presidente de Perú, en el proceso de arañar las constituciones para evitar las molestias de los controles parlamentarios. La tentación del poder es tan dañina cuando lo que se intenta es mantenerlo a toda costa, como el hacer cualquier cosa para alcanzarlo y luego mantenerlo a su vez. Esto es lo que estamos viendo, el arañamiento constitucional. En una situación política insostenible lo deseable sería una convocatoria electoral. El otro encallamiento del momento presente, es que las elecciones ya no se realizan para consultar la opinión del pueblo, sino para ganarlas y así las legislaturas se estiran hasta el límite legal, provocando deterioro de las instituciones y angustia entre el electorado, que se dispersa entre las opciones más radicales y rupturistas.

Nadie pudo imaginar nunca lo que sucedió en EEUU hace dos años, pero afortunadamente los controles se mantuvieron firmes y también el sólido sistema judicial. Una democracia sin controles es cuestionable y también vulnerable, pero también un poder judicial politizado y que exceda sus límites. Es el lawfare o la ley en guerra. Los partidos recurren a la justicia como instrumento y la justicia se acaba convirtiendo en un partido. Los partidos ya no son el lugar de debate y representación social que eran en el inicio de la Democracia española en la década de 1970. Ahora son meros resortes del propio poder ejerciente, en manos de pocos grupos familiares y de clanes influyentes. Hay una nueva categoría, la del barón regional.

Estado, castas y democracia en España

Todos sabemos lo que hizo el rey abdicado Juan Carlos I (en la senda del Isabel II y Alfonso XIII) pero el rey no lo hizo todo, desde luego mucho menos que Jordi Pujol, president de Catalunya y «molt honorable» y no judicializable. Dos décadas de intensa corrupción devoraron la Democracia española y hundieron la confianza popular en Instituciones y partidos. Tanto fue así que surgieron dos nuevos movimientos políticos (Podemos y Ciudadanos) que pretendieron acabar con el bipartidismo secular español desde el siglo XIX (liberales y conservadores). Solo 4 años después, uno está desaparecido y el otro es apenas su fantasma, aunque esté en el gobierno de la nación. Solo un proceso electoral definiría la situación real, pero hay miedo al propio proceso, porque puede resultar incontrolable, por la aparición de fenómenos políticos incompatibles con la democracia, como los populismos y los extremismos.

La Revolución Francesa se inició siendo monárquica, y pudo sucumbir bajo sus propios excesos. Sólo la ejecución del rey la hizo republicana. La Revolución Rusa impidió la integración de Rusia en el entorno europeo y el acceso de la nación al desarrollo en democracia. La Rusia actual es una república en la que se vota, pero no es democrática y de este estilo hay bastantes. De las tres democracias más solidas del mundo, dos son repúblicas y otra una monarquía. Lo que debe defenderse es el contenido y no el contingente, y todo esto ha desaparecido del debate social y político español.

Nadie deroga, ni se plantea hacerlo, la conocida como «ley mordaza», mientras que se liman ciertos delitos para beneficiar a la clase política. Mientras tanto y para entretenernos todos, se nos inunda con información basura acerca del Rey abdicado. La información se dirige, la opinión también y resulta tanto más peligrosa la información tóxica que crispa a la gente, que las noticias falsas, fácilmente detectables. La gente está alterada y airadaa por situaciones que ni le afectan de modo directo, ni tampoco podrá resolver.

¿Está en riesgo la monarquía como forma del Estado? La respuesta no está clara, aunque parece que no. La forma histórica del Estado en España es la monarquía, aunque esto en principio no supone garantía alguna. La Constitución como elemento de cohesión del Estado sí es una aspiración y conquista de la propia nación, desde los tiempos de la invasión francesa. La soberanía reside en el pueblo, y no en un dirigente o en una casta o nomenclatura gobernante. Lo que hay que defender es la soberanía popular y la democracia, dotándolas de controles al margen del vaivén político. Normas que nadie pueda saltarse según convenga a qué momento. El debate actual está viciado. Hay mucho engaño a la vista y al oído. El ruido de la crispación no deja oír otra música que no sea el propio estruendo. Lo que está perdiendo calidad y calado es la propia democracia, porque eso es lo que no se fomenta. Cada grupo o facción quiere imponer su debate e imponerse en él, sin escuchar nada que no sea lo que se quiere oír. No corre peligro la monarquía, pero sí nosotros, los ciudadanos.

Lo que todavía no tenemos claro es que lo ocurrido en el Parlament de Catalunya en octubre de 2017 fuese un intento de sedición contra el Estado. Tampoco fueron desordenes públicos porque se produjeron dentro de un parlamento sin desorden alguno. La Democracia, la Constitución, ni el propio Estado, tienen mecanismos adecuados para defenderse de estas situaciones, que puede venir por otros lados. Sin embargo, tirar un piedra en la calle, quemar un contenedor, no puede ser más grave que lo ocurrido dentro de aquel recinto. Porque lo que sí ocurrió es que se intentó segregar un territorio completo, de la legalidad vigente en el resto del Estado.