Todos los hombres y mujeres del Presidente Imbroda

         El telón de la Operación Ópera (búsqueda de presuntos indicios de corrupción administrativa en los contratos menores de Melilla), se levantó el 12 de septiembre del año pasado. Miembros de la Unidad Central Operativa, encargada de la investigación del crímen organizado y los delitos económicos (UCO) de la Guardia Civil interrogaba y detenía a consejeros y funcionarios del Ayuntamiento de Melilla, registraban dependencias oficiales e incautaban  ordenadores y documentación de todo clase y tipo. La acción sorpresa se saldó con la imputación de varios altos cargos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Por supuesto todos negaron todo. Todos eran inocentes «en el sentido de la acusación». Desde aquel día, una espada de Damocles pendía sobre la cabeza colectiva del Gobierno de La Ciudad, como gusta llamarse a sí misma.

         En la mañana de hoy, 26 de febrero de 2014, 6 decenas de agentes de la UCO, desde las nueve de la mañana, volvían a desplegarse de manera coordinada, uniforme y simultanea, sobre domicilios particulares, empresas privadas, y  consejerías administrativas del acosado Gobierno de Melilla. Esto parece constituir el episodio final, la caída definitiva del telón sobre los imputados y las investigaciones judiciales de la Operación Ópera, cuyo libreto se abrió hace casi seis meses.

                                                     Episodio final de un régimen

          Todo melillense, cualquier ciudadano/a,  tiene derecho a que sus autoridades le provean de medios económicos, un empleo, o de una vivienda, para poder desarrollar su vida y garantizar el sustento de su familia. Lo que no puede tolerarse es la existencia de redes paralelas que convierten los derechos en favores. La igualdad de oportunidades se vacía de contenido en un sociedad, la melillense, con unos de los mayores índices de paro y pobreza de todo el Estado.

           Todas estas prácticas (fragmentación de contratos, abuso de la contratación directa, subvenciones sin concurso público), vienen siendo señaladas como reprochables por el Tribunal de Cuentas desde hace más de cinco años. Hasta la fecha no se ha sustanciado ninguna en condenas judiciales o ha tomado la forma de delito contra la Administración Pública, pero en algún momento todo eso puede cambiar. Los cargos de servicio públicos deben tener su remuneración y también su límite en cuanto al número, pero lo que no puede ocurrir es que el azar de ser elegido en una lista electoral, se convierta en una suerte de lotería que cambie la vida de las personas.

          Lo que tampoco puede ser es que un régimen suceda a otro y que la sustitución siempre supere al precedente, sin hacer por ello bueno al anterior. La situación es límite. Los Idus de marzo están muy cerca y un modo de entender y de ejercer la política debe acabarse para siempre. La transparencia en los concursos públicos, la igualdad de oportunidades debe ser ya una norma que nadie pueda saltarse. El mundo de las empresas rémoras, subsidiadas a la actividad pública debe acabarse. La presunción de inocencia es absoluta, pero la situación política y social de la ciudad  es irresistible. Melilla no puede soportar un registro en su Ayuntamiento cada seis meses, o el elevado número de cargos públicos imputados en delitos de diversa índole. Al menos tres ex alcaldes están fuera de la política por inhabilitaciones judiciales.

        Nota: http://www.intelpage.info/unidad-central-operativa-uco.html