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La paralización tenía un precio


 

      La modificación de proyecto es algo consustancial a cualquier construcción, ya sea pública o privada. Cualquier incidente no previsto conlleva una modificación del proyecto y un sobrecoste. Esto lo saben bien los encargados de rehabilitar el edificio de Cruz Roja, que al hallar los sótanos, o antigua morgue, tuvieron que variar sus planes.

            En una obra pública significa la apertura de un nuevo expediente y la tramitación de un nuevo presupuesto. En ocasiones, como sucedía en 2011 en el nuevo Hospital de Melilla, la modificación del proyecto original no supuso paralizar la obra, sino que todo se siguió desarrollando en paralelo.

            Sin embargo, en diciembre de 2011 se produjo un cambio de Gobierno, y los nuevos gerentes del INGESA (Instituto de Gestión Sanitaria) tomaron bajo su mando el proyecto iniciado dos años antes, y exigieron a la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES SA., CONMA Y UTE, unas modificaciones que suponían una sobredimensión de las mismas. Tanto que las empresas entonces adjudicatarias denunciaron lo que consideraban “un enriquecimiento injusto” por parte de la Autoridad Sanitaria. Era hacer casi el doble, pero por la misma cantidad. En abril de 2012 se paralizaron las obras  y el contencioso entró en fase de resolución judicial.

              La sentencia 209/2013 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo dio la razón en lo sustancial a la empresa adjudicataria y demandante. Así hemos pasado de la pretensión de hacer el doble casi por el mismo importe, a realizar casi lo mismo pero por el doble. De los 45 millones de euros iniciales se ha pasado a los casi 90 actuales. Eso sí, el hospital que debería haber estado acabado en 2015/16, lo estará ahora en 2021/2022.

             Todo esto conforma una década de retraso sobre el proyecto de sustitución de un hospital comarcal inaugurado en 1991. La saturación hospitalaria melillense es un hecho permanente y se sitúa en muchas ocasiones al borde del colapso, evitado solo por las elevadas cantidades que se pagan por los tratamientos e intervenciones en Málaga. Mientras la sanidad pública se deteriora en la ciudad, las clínicas privadas viven un insólito crecimiento, aunque eso sí, en casi completa escasez de especialidades médicas. Los melillenses hemos vuelto a las colas y a las listas de espera, pero el negocio sanitario privado aumenta.

                                            La gran montaña

                   Desde el pasado mes de diciembre, la construcción se ha reanudado  en la obra abandonada en 2012. Hay que revisar el estado del edificio para poder reiniciarlas. Sobre el lugar sobre el que se encontraban los viejos pabellones del Docker, se alza ahora una inmensa montaña de escombros. ¿De que se trata?. Es la solería de la instalación hospitalaria, que deberá ser recolocada al completo, pues se encontraba completamente levantada, deteriorada e inaprovechable. Esta es una de las consecuencias de la paralización, que por fortuna será subsanadaa.

             Sin embargo, el daño hecho a la atención sanitaria de los melillenses y a la Sanidad Pública, tardará décadas en recuperarse, porque el futuro tampoco es seguro. El conglomerado Público de Empresas Industriales TRAGSA, se ha hecho cargo de las reanudación de las obras.

 

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Las guerras médicas de Melilla


               Los radiólogos Remartínez eliminados del sistema sanitario público

    Mariano Remartínez Buera y Enrique Remartínez Escobar además de padre e hijo, son dos de los profesionales de mayor prestigio en España, en el campo de la radiología clínica. Mariano dirige el Scanner o Unidad de Tomografía Computarizada, y Enrique la Clínica Médico Radiológica.

     Mariano Remartínez, radiólogo médico jubilado, ha visto como el INGESA (Instituto de Gestión Sanitaria), le rescindía el contrato de prestación de servicios con el Hospital público. Enrique Remartínez ha visto como todas las compañías de seguros médicos existentes en la ciudad, le quitaban del catálogo de servicios médicos. Además, éste último profesional (de los mejores del país), ha sido apartado de su puesto de trabajo de radiólogo jefe del Hospital Comarcal, tras una denuncia externa por una supuesta incompatibilidad profesional. Sorprende mucho más, que el INGESA se deshaga de su radiólogo en Melilla, con una sanción de 5 años para su puesto de trabajo, y deje el servicio de radiología en manos de interinos. Sorprende también la dureza de la sanción, inédita en la ciudad de Melilla. La decisión administrativa está recurrida en su correspondiente instancia judicial.

       El solo hecho de que todas las compañías de prestación de servicios sanitarios decidan prescindir de una servicio de radiología, con las mejores dotaciones posibles, y con profesionales radicados en la ciudad y dedicados las 24 horas a su profesión, debería provocar una investigación del Tribunal para la Defensa de la Competencia.

       Es todavía más sorprendente que ni el Colegio de Médicos de Melilla, ni los sindicatos de trabajadores sanitarios  hayan reaccionando ante la sanción a un médico y profesional melillense, insistimos, de gran prestigio, y que podría trabajar en cualquier Comunidad Autónoma de España, o en cualquiera de sus más prestigiosos hospitales. Ya decimos que los servicios de radiología de todo el país, están muy atentos a la situación profesional y humana de Enrique Remartínez. La suerte para Melilla es que éste profesional ama tanto a su ciudad como a su profesión, y mientras pueda (y puede) no piensa abandonar nunca ninguna de las dos cosas. Lo mismo sucede con su padre, Mariano, que pese a su edad, se mantiene activo y con una lucidez intelectual de la época de fin de carrera. El INGESA tiene que dar explicaciones y todos los partidos políticos de la ciudad pedirlas de modo inmediato, junto con el Colegio de Médicos y los Sindicatos Sanitarios. En una ciudad sin especialistas, no se puede permitir la exclusión de Enrique Remartínez.

                                    MUFACE como organismo rector

       ¿Qué ha ocurrido en Melilla, cómo puede haberse producido una situación así y que no se haya ofrecido la más mínima explicación?. La reacción ha surgido de parte de los usuarios, de la gente, que ha iniciado una campaña de recogida de firmas y apoyo a los centros radiológicos de la familia Remartínez.

       Román Dobaños Mourin, Director Provincial de MUFACE nos explica que “la obligación de presentar al menos dos especialistas por área ya no es un requisito del convenio de atención sanitaria”, y que está al tanto de la situación pero que no puede intervenir.

     Eso sí, señala que: “las compañías que firman el convenio de prestación de servicios a través de MUFACE, ISFAS o MUGEJU, tienen la obligación de atender todo lo comprendido en la Resolución 13908 de 16 de diciembre de 2015, BOE num 303″. También recomienda que. “todos los usuarios que crean que no se les atiende adecuadamente, que crean que se les deniega una prestación a la que tienen derecho, o que antes de pagar una consulta privada, se acerquen a sus respectivas entidades, citadas arriba, y presenten las correspondientes reclamaciones”. Las entidades son las citadas y las compañías de prestación de servicios son Adeslas, Asisa, DKV, SAU o cualquier otra.

    Las compañías se comprometen a prestar una atención eficiente y continuada a los usuarios. La presencia en Melilla de especialistas solo una o dos veces por mes, podría estar incumpliendo ese acuerdo. Para las citas con especialidades como traumatología o dermatología, las esperas pueden ser de hasta dos y tres meses, y la atención se suele necesitar en el momento.