Hospital nuevo Centro de vacunaciones, Delegación del Gobierno Dolors Monserrat en Melilla Mª Antonia Garbín, 2012 Almacén Batería Jota Derribo edificios del Docker
China es el indudable origen de la pandemia que asola el mundo, sin embargo, ocupa el lugar 35º en el número de contagios, 90.025; y el 29º en el de fallecidos, con 4.728. No vale decir que no nos creemos esas cifras. Esto escribíamos el 26 de febrero: «Afortunadamente, China es un Estado mixto, de tipo socialista aunque inmerso en la economía de mercado, que controla todos los recursos básicos de producción y todos los sectores estratégicos de la economía. La rapidez con la que aislaron la región de origen y la construcción de dos inmensos hospitales en tan solo 10 días, habla mucho de su eficacia, aunque no deban dejar de señalarse los errores de valoración cometidos en el inicio de la epidemia».
España, Melilla y la demolición de la Sanidad Pública
Nada más llegar al Poder en noviembre de 2011, el Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, inició el mayor programa de recortes y desinversiones en el campo de la Sanidad, desde la reinstauración de la Democracia en 1978. Con la aquiescencia y silencio del gobierno local y de la nueva dirección del Ingesa, la obra en marcha del nuevo hospital fue paralizada entre 2012 y 2018. Esta infraestructura hubiese resultado determinante en la actual crisis sanitaria, provocada por la pandemia de Wuhan o peste de los murciélagos.
El concepto de sanidad universal fue derivado al de sanidad porcentual, o sea, que se cuenta con que el 80% o más de la población está sana o no necesita acudir al médico durante un periodo amplio de su vida, y así se fueron reduciéndose las prestaciones, o externalizadas de modo descarado al terreno privado. Se redujeron los medicamentos subvencionados por el Estado y se eliminaron pruebas diagnósticas del catálogo de las compañías de prestación de servicios sanitarios, a la vez que se permitía la intromisión en el espacio sanitario, de multitud de «clínicas médicas», antes conocidas como consultas, que ofrecían intervenciones paralelas a las de la sanidad pública. Los médicos especialistas dejaron de ser una realidad en las compañías privadas, y un bien escaso en el ámbito público.
Cataluña solo dispone de 34.500 camas hospitalarias públicas para toda su población y Madrid 20.600. Ceuta dispone de 252 y Melilla de solo 168. Lo que está desbordando los hospitales es la exigua capacidad de atención, en relación con la población.
Vacunas y la situación en Melilla
En la campaña 2018/2019, Melilla fue la tercera Comunidad con menos porcentaje de vacunación en mayores de 65 años, solo por delante de Baleares y Ceuta, que fue la última. Hay un problema con las vacunaciones, que se reproducirá este año, en el que coincidirán pandemia y gripe. La alarma pandémica provocará un previsible aumento de la demanda, con la correspondiente saturación del servicio. Como puede verse, las cifras de recursos públicos disponibles son ínfimas con respecto al volumen del contagio pandémico.
En 2005 Melilla recibió las competencias menores en materia sanitaria, como por ejemplo la relacionada con las vacunaciones. En apenas 2 años, el servicio público estatal de vacunaciones en la calle Cardenal Cisneros estaba cerrado. Las prisas de la consejería sanitaria melillense por deshacerse de este servicio fue casi su asunto primordial. Los responsables sanitarios melillenses en la última década fueron Francisco Robles, Mª Antonia Garbín y Paz Velázquez. En 2011, bajo la responsabilidad de Garbín, se alcanzó la cifra mínima de vacunaciones en toda la década. Un año después se inmovilizó una partida de 8000 vacunas, por sospechas de estar caducadas.
Se liquidó el servicio público y se traspasó a las compañías de prestación de servicios sanitarios y a los ambulatorios, además de complicarse el trámite para la administración de la vacuna de la gripe, dirigida a niños y mayores. Sin embargo, se dejó de visitar los colegios para vacunar a la población infantil. En los últimos diez años Melilla ha sido la comunidad con más escaso índice de vacunación.
Hospital público y clínicas privadas
Una carambola política el 1 de junio de 2018, desbarató los planes sanitarios previstos en los despachos para la ciudad de Melilla. Apenas un año antes, un movimiento s iniciado en la Consejería de Sanidad, dirigida por Paz Velázquez, inició la revocación de un concurso público de diagnósticos clínicos adjudicados a las Clínicas Remartínez. Casi a la vez, se había separado al radiólogo Enrique Remartínez de su puesto de funcionario público, por un expediente incoado desde el INGESA. A día de hoy, esa situación no ha sido todavía resuelta administrativamente, y los melillenses nos vemos obligados a pagar pruebas diagnósticas de calidad.
A la vez que la entonces ministra de Sanidad Dolors Monserrat desembarcaba en Melilla para anunciar que el nuevo hospital reiniciaba su construcción, después de 6 años de paralización total, el grupo Echevarne desembarcaba en Melilla comprando los laboratorios Lamas. Pero el anuncio tenía truco: Lo que iniciaron solo fue el derribo de los viejos edificios del antiguo hospital militar, por un importe de 1,9 millones de euros.
Las nuevas clínicas o consultas privadas proliferan por toda la ciudad, mientras la sanidad pública se mantiene a duras penas, con casi el mismo personal activo. Se llegó a desarrollar un proyecto de clínica privada, en un conocido solar de Batería Jota. Un antiguo almacén que ya fue derribado y recalificado.
Nota:https://elfarodemelilla.es/la-campana-de-vacunacion-aumenta-la-carga-de-trabajo-de-las-enfermeras/