Todo el dinero que conforma el presupuesto de un ayuntamiento procede de los impuestos, ya sean directos o indirectos, o de transferencias procedentes del Estado o de la Autonomía, que a su vez, proceden de impuestos estatales o autonómicos. Con esto se quiere decir que «no nos regalan nada». Todo se acaba pagando, incluso la llamada deuda pública con la que se financian los Estados.
La iluminación navideña, la limpieza de las calles, los puestos de trabajo de los planes de empleo, los viajes de mayores o cualquier cosa que imaginemos, es pagada con dinero de nuestros bolsillos, o sea que el presidente X, o la consejera H, no dan ningún puesto de trabajo, ni los viajes del IMSERSO son una medida graciable concedida a los pensionistas. La obligación de un gobierno municipal, autonómico o estatal es gestionar racionalmente, sin despilfarrar ni enriquecerse, el dinero que procede de los ciudadanos a los que gobiernan. Por eso es derecho de cada uno/a el conocer qué se hace con ese dinero, dónde va, a quién se adjudica y cómo se gasta. Esto es algo a lo que se resisten como «gato panza arriba», la mayor parte de los gobiernos municipales, autonómicos e incluso estatal.
En pueblos y ciudades pequeñas, como la nuestra, es muy normal el personalizar la gestión, atribuir el mérito a don C, o a doña T, y decir que tal o cual cosa sucede «gracias a». Todo esto es arcaico además de falso, y procede de la mentalidad servil de la época franquista, o de la anterior, la del cacique y del terrateniente. Todo aquello que son y constituyen nuestros derechos, no podemos solicitarlos como favores. Está en nuestra mano el poder exigir, preguntar, solicitar cosas, bien de modo directo, o indirecto, a través de los partidos que forman la oposición. El voto se delega para eso.
Antonio, la historia de un ciudadano en Málaga
Hay dos impuestos que llenan las arcas recaudatorias públicas, el de sucesiones (estatal o autonómico), y la plusvalía (municipal). Esto quiere decir que cuando el/la titular de un inmueble, solar o finca rural o urbana fallece, sus herederos deben pagar un determinado porcentaje para poder seguir manteniéndolo en el ámbito familiar. La plusvalía es un impuesto en el que el ayuntamiento valora al alza la propiedad del inmueble en el momento de la transmisión, y cobra otro porcentaje a los herederos. Un modesto piso familiar, en donde viven padre s e hijos, puede suponer el tener que desembolsar alrededor de 20.000€, según ciudad y Autonomía. Los datos económicos dicen que 1 de cada 10 herencias acaba siendo renunciada. Desde el año 2007, inicio de la crisis económicas, la renuncia a herencias se han incrementado por encima del 200%. Solo en 2016 se renunciaron a más de 39.000 herencias, en un numero que se incrementa año tras año. En 2014 hubo 34.320 renuncias. Este quiere decir que las clases medías y bajan, tienen que renunciar a las propiedades de los padres, o de otros familiares porque no pueden pagarlas. Los ayuntamientos se financian con las plusvalías, o sea, con nuestro dinero.
Antonio es un jubilado malagueño que se manifiesta desde hace un año. Vivía con su madre, y al iniciar el proceso de transmisión patrimonial se encontró con que no tenía suficiente dinero para pagarlo. Según una hoja que distribuye en la calle Larios de Málaga, su pensión apenas sobrepasa los 400€ mensuales y el ayuntamiento le solicita 6500€ de plusvalía. Ahora los ayuntamientos tienen empresas encargadas de recaudar esos impuestos, Gestrisam en Málaga o Tribugest en Melilla, que aparte de recaudar, se quedan con parte del beneficio neto de los impuestos. Antonio, tras un año de retraso en el pago, se encuentra ahora con que debe ya 13.000€ y se enfrenta a la posibilidad de los que ha sido su casa sea subastada, para pagar la deuda contraída. Es una situación absurda la existencia de estas empresas adosadas a la gestión municipal. La gestión Popular del ayuntamiento de Madrid estaba plagada de este tipo de empresas.
Es una situación dolorosa y triste que una persona tenga que abandonar la propiedad familiar porque su ayuntamiento tenga delegada este tipo de gestiones. Los ricos no tienen problemas porque camuflan su propiedades a través de fundaciones, sicav o ingeniería financiera. Muchos ricos tributan menos dinero, que gran parte de la clase media.
El Alminar de Melilla 