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La sanidad no puede esperar


 

              El impacto de las tres muertes en el servicio de urgencias de Melilla (una niña, una mujer embarazada, y una parturienta) fue tremendo. La perdida de confianza en el estado de la sanidad melillense se vio muy afectada. Es el resultado de 7 años de políticas de ajustes en el gasto, en plantilla y en profesionales sanitarios. Falta medios en un hospital obsoleto, se reducen y administran con cuentagotas las pruebas diagnósticas, y faltan también especialistas y un mayor número de profesionales en cada área. Es un hecho que el hospital está afectado por la atención a pacientes marroquíes, pero en las previsiones eso también debe ser tenido en cuenta, porque la situación geográfica de la ciudad no admite discusión. Muchas veces se utilizan estos datos, de modo interesado, para tapar otras deficiencias.

              La reforma de la sanidad y el cambio  de rumbo en la política sanitaria, no pueden esperar más en una ciudad que ha llegado a mínimos históricos en todas aquellas áreas que afectan de modo directo al ciudadano (sanidad, educación, seguridad ciudadana y servicios sociales). El Partido Popular se ha ido del gobierno de la Nación, siete años después, sin haber reiniciado las obras del nuevo hospital, que ellos mismos paralizaron. Nadie esperaba un final así, y por esa razón el cambio no admite demoras. Hace falta cambiar las intenciones, la dirección y también los nombres. Nadie que estuviera implicado en la situación dejada atrás, puede seguir al frente de la nueva orientación  y de los nuevos tiempos. Podríamos estar ante la última oportunidad para enderezar las cosas.

                   Las limpiadoras del hospital, uno de los servicios externalizados a empresas satélites, han estado tres meses acampadas frente a la puerta del hospital, sin que la empresa les hiciera el menor caso. Cada trabajador en su ámbito, tiene el derecho a desarrollar su actividad laboral en las mejores condiciones, y con el mejor salario posible. La limpieza es uno de los servicios más duros en un hospital.

                       El estrangulamiento de las Clínicas Radiológicas Remartínez

              El que Mariano Remartínez, a sus 86 años, siga al frente de la Unidad de Tomografía Computerizada, es un ejemplo de vocación y profesionalidad médica que difícilmente será igualado en el futuro. Además resulta un hecho casi milagroso para sus pacientes. Son muchos los que acuden tanto a su clínica como a la de su hijo, para solicitar la repetición de pruebas diagnósticas de calidad y de interpretación precisa y certera, ante resultados dudosos o contradictorios en las pruebas concertadas con el Instituto de Gestión Sanitaria. Son muchos los ciudadanos melillenses, que ante la falta de alternativa, están pagando de su peculio, las pruebas radiológicas que se les solicitan.

                   El doctor Mariano Remartínez presentó en los pasados meses de marzo y abril, sendas denuncias ante el INGESA, por las presuntas irregularidades detectadas con el nuevo servicio diagnóstico contratado por el organismo rector de la Sanidad en Melilla. Cuando se resuelva el recurso contencioso administrativo, presentando por las clínicas diagnósticas de Remartínez, por la irregular suspensión del concurso de prestación de servicios del que habían resultado adjudicatarias, el INGESA deberá sacar de su arcas más de un millón de euros por el perjuicio ocasionado, que no es solo económico. También hay que incluir aquí la pérdida de calidad de la atención a pacientes. Hay casos de pacientes que han tenido que repetir pruebas diagnósticas en Málaga, o que son tratados allí por la ausencia de medios y profesionales especialistas en la ciudad.

             Otro de los asuntos a resolver es la anulación del expediente sancionador al radiólogo titular del Hospital Comarcal Enrique Remartínez Escobar, y la reposición en su puesto de trabajo. Cuando se resuelva en los tribunales esta situación, el INGESA deberá abonar otra onerosa cantidad indemnizatoria.

                        Las compañías de prestación de servicios médicos

            MUFACE, que es el organismo rector de la prestación de servicios a funcionarios, debe exigir y velar por una de las cláusulas obligatorias en los contratos de prestación de servicios médicos: “que las compañías tienen a disposición de los melillenses, especialistas en todas las áreas radicados en la ciudad”. La llegada de un especialista una o dos veces al mes, en jornadas en las que se atiende a 60 pacientes en un día, es un incumplimiento descarado del contrato de servicios médicos, que firman estas compañías. Muchos pacientes y mutualistas, exigen que se vuelva a incluir la posibilidad de escoger entre al menos dos especialistas, algo que también eliminó el gobierno del Partido Popular en sus últimos 7 años.

 

 

El acoso a las clínicas radiológicas de Remartínez


                

                     Los melillenses acumulan más de 2500 firmas en su defensa

      El médico internista y radiólogo Mariano Remartínez Buera está luchando por su clínica y por su vocación, la médica, que lleva ejerciendo en Melilla más de 50 años. Lo primero que llama la atención cuando uno se acerca a su clínica a recoger la hoja de firmas en su apoyo, es la veneración y cariño que sienten por él sus ocho trabajadores.

     Mariano Remartínez solo pide que se respete el resultado del concurso público de prestaciones y servicios diagnósticos, en el que el Ministerio de Sanidad dictaminó en Madrid que el Scanner y Tomografía Computerizada de Melilla, era la mejor opción y la más asequible, en septiembre de 2015. Además de radiólogo es coronel en la reserva, tiene una amplia y constante formación en su especialidad, pero reconoce que el “genio radiólogo” es su hijo, del que dice le ha superado en todo. A pesar del apoyo que recibe a cada paso que da, a veces no puede evitar cierta depresión. A sus años podría estar al margen de todo esto, pero mantendrá su vocación sanitaria hasta el último momento, como le prometió a su padre.

     Para quien piense que estos contratos son una lluvia de oro, aclararemos que la Administración Pública paga casi lo justo para el mantenimiento de las instalaciones, y aquilata hasta el límite los precios de cada acto diagnóstico. El resultado del concurso, vigente entre 2015 y 2017, establecía una aportación máxima que no puede sobrepasarse en modo alguno. El adjudicatario del concurso debe pagar a los trabajadores  y operarios, el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, los equipos y las pruebas diagnósticas, están tasadas entre 9€ y 115€, y también tienen límite, que en caso de sobrepasarse, no serán abonadas. El propio INGESA (Instituto de Gestión Sanitaria) reconoció hace días, que le era menos oneroso y cómodo el concertar estas pruebas con clínicas privadas, que dotar y mantener equipos propios, en referencia a la Resonancia Magnética y al Ortopantomógrafo.

                      La anulación de un Concurso Público

      Las Clínicas radiológicas de Mariano Remartínez y de Enrique Remartínez Escobar, habían sido las adjudicatarias del concurso prestaciones concertadas con Ministerio de Sanidad. Una denuncia de “terceros” por presuntas irregularidades urbanísticas, pide la revocación de la adjudicación. La denuncia se presentó ante la Consejería de Fomento, que dio un plazo a ambas clínicas para subsanarlas, pero sin especificar en principio de cuales se trataban. La orden de Fomento es recogida por la Consejería de Sanidad de Melilla, que solicita la paralización de la adjudicación de modo directo ante las autoridades del Ministerio de Sanidad en Madrid. La revocación de la decisión tomada en septiembre de 2015 se produce justo un año después, en septiembre de 2016, por el mismo departamento que avaló la competencia de ambas clínicas.

      Mientras tanto, y ante de que los radiólogos Mariano y Enrique Remartínez puedan subsanar las “presuntas deficiencias urbanísticas”, desde la Consejería melillense de Sanidad y a través de la Dirección Provincial del INGESA, se solicita un dictamen al Consejo de Estado, que avale la revocación del Concurso, cosa que efectivamente hace en septiembre de 2016. Hay que decir que todas estas decisiones están recurridas antes los respectivos y correspondientes juzgados de los Contencioso y ante las áreas administrativas mencionadas.

                           Las irregularidades urbanísticas

       Las más llamativas de las irregularidades que motivaron la suspensión d ela adjudicación son el exceso de 8 cms. en la rampa de acceso para personas con discapacidad, y el exceso en 3mm en la elevación del espejo del aseo para minusválidos. La objeción técnica más acorde con el fin médico era la instalación en el sótano del Ortopantomógrafo, de la clínica de Imagen Diagnóstica de Enrique Remartínez. Esto se hizo así porque el criterio en el momento de su construcción era ese, para evitar la posible exposición de pacientes a radiación indeseada. Todas estas deficiencias fueron corregidas, pero el Consejo de Estado y la Dirección Nacional del INGESA dictaron su resolución sin esperar a su subsanación. Igualmente decimos que todas estas decisiones están recurridas.

         Hemos repasado y leído las exigencias imprescindibles del Consejo de Seguridad Nuclear para “La seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X para diagnóstico” y pensamos que las instalaciones los doctores Remartínez las cumplen a rajatabla, en caso contrario carecerían de la correspondiente licencia sanitaria. Las instalaciones, la oferta de aparatos y las condiciones económicas eran las mejores, según el Ministerio de Sanidad. Así pues, lo que está en juego en Melilla es algo que no se dice.

                          Melilla al borde de la catástrofe sanitaria

       El estrangulamiento económico es tan severo, todas las compañías privadas excepto DKV, Sanitas y Mapfre, les ha retirado de su catálogo de prestaciones, que están saliendo adelante con recursos propios, en espera que los tribunales les den la razón, con reducción de costes, y reducción de precios de los diagnósticos al mínimo posible, casi al mismo que paga el INGESA.

     La presencia del radiólogo es imprescindible en determinadas pruebas,  porque es él quien decide la implementación de la prueba con una “difusión” o un “contraste”, junto al técnico operador del aparato. La presencia del radiólogo  tiene un coste, que muchas compañías pretenden ahorrarse con la emisión del informe de la prueba por parte de otro radiólogo no presente en la misma. Esto es legal, salvo que el radiólogo que firme la prueba esté trabajando para la Seguridad Social, en cuyo caso incurriría en incompatibilidad.

     El posible cierre de una o ambas clínicas incrementaría la aproximación al estado crítico sanitario al que nos acercamos, con la perenne paralización de las obras del nuevo Hospital, y la pérdida de no de los mejores radiólogos de Europa, Enrique Remartínez Escobar. Un radiólogo necesita estar en formación y actividad constante, y si no tiene pacientes queda desfasado, deja de estar en vanguardia. Enrique Remartínez podría tener trabajo en cualquier lugar del mundo en el momento que quisiera. El riesgo es que si no se le permite ejercer su profesión, podría irse de la ciudad, como ya han hecho otros especialistas.

          Lo que está en juego es la calidad de la asistencia sanitaria en Melilla, que muchos ya resuelven pagando o recibiendo tratamientos en la península. Aquí ya empieza a no quedar nada.