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Melilla revienta el voto por correo


                    Los 5931 votos suponen el récord nacional absoluto (11%)

        El Instituto Nacional de Estadística es el organismo que elabora y es depositario del Censo Electoral, y garantiza la custodia de la solicitud del voto por correo desde que es solicitado por el elector en la oficina de Correos, hasta que este le es remitido de nuevo, con su certificación censal y las papeletas de votaciones que corresponden a la elección en cuestión.

          La corrupción de este sistema está en el origen o estímulo de la solicitud del voto, y en el proceso final, cuando el elector recibe el sobre con las papeletas, y se le ayuda a rellenarlo (poner la correspondiente en la papeleta del Senado) y a escoger la papeleta adecuada entre todas las opciones que se presentan a las elecciones. Hay partidos que se encargan de esto.

           Las 5931 solicitudes de voto por correo, harán que el día del recuento, el porcentaje sobre voto emitido pueda alcanzar casi el 20%, lo que es una cantidad extraordinaria, no conocida ni superada nunca, en ningún proceso electoral, en ninguna provincia española en toda la historia de La Democracia en España, desde la votación de La Constitución en 1978.

                            Voto por correo, la gran arma electoral

          El que en Melilla se use de modo desproporcionado y escandaloso el voto por correo no quiere decir que se esté cometiendo delito alguno, salvo el caso de las Elecciones Generales de 2008, y el anterior de la Elecciones Locales de 2007. Estimular la participación electoral mediante el voto por correo no constituye delito, tampoco el ayudar a la introducción correcta de las papeletas en los sobres, ni a marcar la x . Lo que si es delito es cuando hay promesas y dádivas, vales por alimentos, por material de construcción, el asegurar un buen puesto de salida en la lista de planes de empleo, o las promesas de trabajo o incluso el pago en efectivo por introducir determinadas papeletas.

          En Melilla hay una situación de listas abiertas, se escoge a quien se quiere y se gana por un solo voto, tanto en el Congreso como en el Senado, esto hace que cualquier voto tenga una importancia extraordinaria, decisiva. El voto por correo asegura mayorías en el Ayuntamiento, y garantiza la representación en el Parlamento.

          El caso es que el Partido Popular ha ganado todas las elecciones celebradas en la ciudad desde el año 2003, en las elecciones locales, y desde el 2000 en las elecciones a Cortes Generales. En el año 2000 se emitieron 2200 votos por correo, lo que supuso un 4,7% del censo, mientras que el porcentaje nacional no llegaba al 1,5%. Esta es la principal característica del voto melillense, que siempre duplica, triplica, o como en el caso presente, quintuplica la media nacional de voto por correo.

          Desde esos primeros 2000 votos, la cifra no ha parado de subir; 3221 votos en las EG de 2016 (4,2%); 3883 en las EG del pasado mes de abril (3,89%); 4210 en las EL de mayo del presente año (7,78%), y el primer gran récord nacional, el de marzo de 2008 con 5444 votos (11,4%). En ninguna de esas elecciones ha perdido o ha dejado de ser el PP el partido más votado. Ni siquiera en aquellas elecciones, en las que PSOE y CPM concurrieron en coalición electoral, se pudo derrotar a la candidatura de los Populares, que ganó las elecciones por casi 400 votos de diferencia. ¿Hay alguna relación entre estas victorias  y el incremento constante del voto por correo? ¿Es un arma electoral decisiva?.

                              La influencia de los votantes exteriores

         En las pasadas EG del mes de abril, de los 3883 votantes por correo, solo 1543 lo hicieron desde Melilla. Desde Málaga llegaron 605 votos, 400 desde Madrid, 380 desde Granada, 189 desde Almería, 115 desde Sevilla, y así desde todas las provincias españolas excepto desde Soria. El mayor número de votos exteriores proviene de ciudades en donde existen Casas de Melilla, nuestra red de embajadas.

          Estas mismas ciudades son también las que más votos emitieron en las EL del pasado mes de mayo: Málaga 432, Madrid 298, Granada 292, Almería 122 y 69 desde Sevilla. Las únicas ciudades desde la que no llegaron votos fueron desde Teruel y Lugo. Desde Soria llegaron 2 votos.

               El próximo 10 de noviembre están convocados a las urnas 54.295 electores residentes en la ciudad. Los escaños en litigio se decidirán por un solo voto. Es posible que no todos los representantes electos pertenezcan a la misma formación, y que incluso es posible que las tres formaciones mayoritarias y con posibilidades de alzarse con la victoria electoral, consigan una escaño cada una. El diputado y los dos senadores podrían ser de formaciones distintas. En Melilla se vota nombre a nombre y las diferencias de votos siempre han sido muy grandes, incluso dentro de una misma candidatura.

                      Incluso se ha llegado que cuando la derecha pierde las elecciones en Melilla, se repiten, como sucedió en 1989. En aquella ocasión se daban vales de “borregos” a cambio del voto*. Melilla es un mercado persa en lo que hace referencia a las elecciones.

       Nota:https://elalminardemelilla.com/2011/06/16/1989-el-pp-celebro-la-repeticion-de-elecciones/ . EG (Elecciones Generales), EL (Elecciones Locales). Fuentes: INE y Junta Electoral Central.

 

 

 

 

Sobre el caso del voto en Melilla


 

                                              Clases de justicia

            La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso ERE dijo en enero de 2017 que existían dos clases de justicia: “Una para los poderosos y otras para los que no los son”. Esta afirmación dicha por una jueza o magistrada en ejercicio tiene un valor enorme y confirma algo que se hacía evidente, y es que los delitos de los poderosos (el 10% de la población), rara vez son castigados o si lo son, las penas que se les adjudican son mucho menores en comparación con el robo del bolso a una anciana al salir de misa, o la recaudación a un pizzero. 

            Hay un concepto de la diferencia de trato  que se conoce como “la doctrina Botín”, y que consiste en que que si el fiscal y la acusación particular no acusan a una persona, ésta no puede ser juzgada, aunque sí le acuse la acusación popular. O sea, que si el Ministerio Fiscal no efectúa acusación, el presunto hecho delictivo no puede ser juzgado. Un juez no puede sostener una acusación, si no existe parte afectada que reclame, ni sin acusación del fiscal o Ministerio Público. Esta doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo y libró al entonces presidente del Banco de Santander, Emilio Botín,  de sentarse al menos en el banquillo

          La Justicia, con mayúsculas, es independiente, pero el Ministerio Fiscal no, pues depende orgánicamente del Gobierno. los jueces son independientes, pero no son inmunes a la influencia del ambiente y pueden estar afectados por las ondas gravitacionales de la política y de los partidos, como en el reciente caso de las hipotecas.

                La acción política en la justicia

         Hay una clase de justicia que afecta a los políticos cuando son juzgados, y que se torna más cuidadosa o con mayor variedad de matices, como el caso del master del actual líder del Partido Popular Pablo Casado. Los aforados tienen una clase de justicia diferente, pues solo pueden ser juzgados por el tribunal Supremo, con lo que muchos de los casos, cuando son juzgados, ya están prescritos. También así se saltan los pasos de la justicia natural y la intermedia. Se podrían citar decenas de ejemplos. No es el caso melillense.

             El caso del voto por correo en Melilla

       El caso del voto por correo en Melilla es un claro ejemplo del recurso a la justicia por parte de los partidos, en este caso el Partido Popular, para intentar extinguir al adversario político. El PP se constituyó como acusación popular, con el apoyo del Ministerio Fiscal, y el proceso fue iniciado a instancias de una denuncia del propio partido. Es un claro ejemplo del recurso a la justicia como instrumento o prolongación de la acción política.

        Los hechos sentenciados, se remontan a las elecciones generales del año 2008 y al notable incremento del voto por correo en la ciudad, algo que también sucedió en otras circunscripciones del país. Lo llamativo es que los resultados electorales, que otorgaron una vez más el triunfo al PP, fueron dados por válidos por la Junta Electoral de Zona, sin que existieran reclamaciones o  advertencias de las posibles irregularidades electorales. La acción investigadora fue llevado a cabo a posteriori, tras un denuncia presentada por el Partido Popular y no por la Delegación del Gobierno o la JEZ, a quienes hubiese correspondido la iniciativa, de haber existido alteraciones graves de la jornada electoral.

        La frase del portavoz parlamentario del Partido Popular Ignacio Cosidó, conocida en estos días, no deja lugar a la duda en cuanto al intento de utilización de la Justicia como instrumento político: “controlaremos la Sala Segunda (TS), desde atrás”. La filtración del comentario, ha dinamitado el pacto judicial alcanzado por Partido Popular y Partido Socialista.

         Mención aparte merece que un asunto del año 2008 se lleve a juicio 10 años después, se encaje de manera forzada la vista oral del juicio (con la protesta del Juez Decano) retrasando o suspendiendo otros procedimientos ordinarios ya señalados. En una situación normal, el caso del voto por correo estaría ya finiquitado en instancias superiores, al menos 5 años antes de la fecha actual. La idea que surge de todo esto, es que el celo denunciante pretende más dañar al Partido Socialista y a Coalición por Melilla en sus inmediatas expectativas electorales, que acabar de una vez por todas con las imágenes bochornosas del voto por correo en Melilla, y con la salpicadura de sospechas sobre este tipo de votaciones en nuestra ciduad. El que la sentencia se emita a solo unos meses de la próxima cita electoral, abunda también en el mismo sentido, aunque habrá quien estime que todo es fruto del azar. 

                                  El recurso de Equo

           Un recurso presentado por la formación política Equo en 2015 sobre este mismo tema, el voto por correo en las elecciones locales de ese año, se saldó con la desestimación del mismo, y un duro reproche hacia la formación política, que además tuvo que pagar las costas procesales.

         La sentencia del TSJA 415/2015 reprochaba a Equo que presentara un recurso dando por supuestas unas irregularidades electorales, que nadie había denunciado en las elecciones correspondientes, ni ante la Junta Electoral.

         Especialmente duro se mostraba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuanto a las sospechas de “redes y tramas ocultas para la compra de votos centradas en el voto por correo”, afirmación que calificaba “del todo inadmisible y basada solo en la especulación”.

                                     La sentencia

          Los procesos colectivos suelen presentar disimetrías y paradojas, porque por los mismos hechos encausados, 18 personas han sido condenadas y 12 absueltas. Esto es difícil de discernir e interpretar, sobre todo cuando hay una combinación de presuntos hechos delictivos. Solo cabe congratularse con los que han sido absueltos, y lamentar y desear suerte en el recurso, a los que han sido condenados en 1ª instancia.

          Decir también que las condenas son por el hecho mínimo posible, en relación con las peticiones de la Fiscalía, y las calificaciones en el inicio del proceso, algo que también llama a la perplejidad. Los delitos más sonoros (malversación, conspiración, asociación ilícita) se han caído del saco, quedando solo los delitos electorales, que solo llevan aparejada la inhabilitación para cargo público elegible (sufragio pasivo), que era el objetivo político buscado, al menos para los casos de Mustafa Aberchán, Dioniso Muñoz Gregorio Escobar, que ha sido absuelto de toda responsabilidad.

           Los 327 folios de la sentencia N. 29/18 de 20 de noviembre conceden mucho margen a la interpretación y a la reflexión. Ya hemos visto en “el Procés” de Cataluña lo difícil que es calificar los delitos, y el margen de interpretación que existe sobre los mismos, incluso dentro de los propios magistrados.  

 

 

 

 

 

Los juicios de Melilla


            El caso del “voto por correo” divide a la Justicia melillense

  Un maxi proceso o un macro juicio, como el de la mafia en Palermo en 1980, requiere un tribunal extraordinario, con jueces específicos, una sala adecuada y sacarlo del proceso ordinario de la Justicia de la ciudad. La larga duración prevista hará colapsar los juzgados ordinarios.  Quien vaticina el inminente atasco de los juzgados melillenses por esta causa,  es el Juez Decano de la Ciudad Fernando Germán Portillo, que “no ve el beneficio de sacar ahora esta causa”. Para el Juez decano existían otras alternativas y una bolsa de magistrados suplentes, que hacen injustificado el detraer un magistrado de apoyo en los saturados juzgados de Melilla para añadirlo a este caso, en entrevista concedida al Faro de Melilla*. Según sus cálculos, “se suspenderán entre 30 y 50 juicios” en los próximos meses, en “notable detrimento para muchos ciudadanos”*.

     El macro proceso del “voto por correo”, una acumulación de supuestos delitos e infracciones electorales del año 2008, se extenderá a lo largo de los próximos ocho meses, con la presencia de 30 acusados y más de 200 testigos y dos “acusadores arrepentidos” y que también participaron supuestamente, en los hechos sometidos a juicio. La declaración de uno de ellos, quedó también anulada. La acusación particular la ejerce el Partido Popular de Melilla, lo que otorga al juicio un claro matiz político. Solo el intento de ponerlo en marcha ya ha consumido dos meses, desde el pasado mes de octubre. También se ha producido la recusación de un abogado defensor y la dimisión, por motivos de salud, de un magistrado de la sala. El presunto delito de “asociación ilícita” no parece tener gran consistencia, en opinión de algunas fuentes jurídicas.

      El juicio afronta también muchos problemas, como las contradicciones de uno de los testigos de cargo, o la anulación del grueso del material probatorio, como son las escuchas telefónicas. También han sido apartados de este primera parte sometida a juicio,  el presunto delito de malversación de fondos públicos. Quedan pues todos los delitos electorales, que se extienden como un rosario sobre la larga lista de los acusados, y los de prevaricación, que solo pueden atribuirse a funcionarios públicos. Es de prever que también otros declarantes se desdigan de sus primeras declaraciones de la fase de investigación. ¿Qué queda pues para acusar?. La existencia de informes periciales, según la opinión de otro magistrado. Si no hay más interrupciones y todo sigue el curso previsto, algo imposible en Melilla, las sesiones acabarán el mes de julio de 2018.

                             Los romanos, los príncipes del derecho

         Algún día, quizá se estudie todo lo sucedido en Melilla en los últimos tiempos, y los escándalos relacionados con el “uso del voto por correo”. Los romanos hicieron del derecho el eje de su sociedad pública y política, por ello acumularon cientos de máximas y principios jurídicos, que aun hoy se siguen utilizando. Existe uno que dice: Leges illae optimae quaue arbitrio iudicis pauca relinquuunt (las mejores leyes son las que dejan pocas cosas al arbitrio del juez). No es lo mismo discrepar en la pena o sanción a imponer, que del concepto del delito o incluso del mismo juicio.

     Robar a una anciana a la salida de misa es un delito claro, pero blanquear dinero, vaciar un banco de fondos, alzar bienes o violar el secreto de un voto, no son conceptos fáciles de definir. En días pasados, y en relación con el desafío independentista en Cataluña, decía con respecto a los delitos de sedición y rebelión, que los delitos son lo que son, no se pueden ajustar los comportamientos a los delitos para ver si ajustan o no. A partir de aquí, a los 30 acusados, algunos muy significados líderes políticos de Melilla, les espera un largo calvario, que se unirán a los 10 años de espera para el inicio del proceso.

    Pocos saben ya que San Nicolás era el patrono de los jueces (6 de diciembre), y al que se encomendaban para obtener un juicio justo. Así pues, les deseamos a todos que tengan “un buen juicio” y los encomendamos a la protección San Nicolás de Bari.

Nota: https://elfarodemelilla.es/2017/11/13/comenzar-ya-voto-correo-va-perjudicar-los-juzgados-mixtos/

 

El caso del voto por correo


                                           

          La presencia del Partido Popular como acusación particular junto al Ministerio Fiscal, como si éste no fuera suficiente para la persecución de los presuntos delitos, así como la notoriedad política de algunos de los acusados como Mustafa Aberchán, presidente de Coalición por Melilla; Dionisio Muñoz, ex secretario general del PSOE; Alonso Díaz, ex secretario general de UGT; y Gregorio Escobar, ex Delegado del Gobierno en Melilla, confieren al caso del Voto por Correo de 2008, un clarísimo carácter político, que lo eleva por encima de los presuntos y numerosos delitos atribuidos a los acusados, y a la gran cantidad de acusados, hasta treinta, que lo convierten también en un maxi proceso. También  hay que decir que es el propio Partido Popular el que denunció los hechos investigados por la Justicia, y ahora sometidos a juicio. Todo hace referencia a un crecimiento anómalo de los votos por correo en las Elecciones Generales de 2008.

              Aislado el hecho concreto, el crecimiento hasta el 11,42% del voto por correo supone un cenit anómalo en este tipo de votación, que si se analiza en el conjunto de datos que van desde 2003 hasta 2016, aportan una perspectiva distinta.  El voto por correo se está incrementando en Melilla en progresión aritmética desde la primera fecha mencionada,  desde el 4,5% hasta casi el 7% de la última convocatoria electoral en 2016,. La media de votantes por correo en Melilla siempre duplica al de la media nacional, y al de cualquier otra ciudad española en todos los periodos electorales. También se puede comprobar que la cifra de votantes por correo siempre es más alta en las elecciones locales que en las generales.

                Hay una utilización numerosa de esta modalidad de voto, prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en Melilla desde el año 2003, y que siempre es superior a la del Estado. Existe un precedente de denuncia por presunta manipulación del instrumento del Voto por Correo en 2007, que afectó al Partido Popular y que fue sobreseída por los tribunales de Justicia.  Sin embargo, la ayuda o la inducción a la votación por correo, no suponen en principio ninguna irregularidad, salvo que se viole el proceso del voto o su obligatoria confidencialidad.

                  La coincidencia del inicio del proceso del Voto por Correo  DPA 0000552/2008, y el referéndum ilegal celebrado en Cataluña del 1 de octubre de 2017, permite apreciar las diferencia entre lo que es una violación completa de la LOREG y las presuntas infracciones juzgadas en Melilla, en donde se ha interrogado a más testigos que en el “process” catalán, y en el que probablemente existen hasta más acusados, y curiosamente casi con los mismos cargos, incluido el de malversación de caudales públicos, que finalmente ha sido apartado de la presente causa, y por el que resultó condenado el ex presidente de La Generalitat Artur Mas, al celebrar la consulta ilegal de septiembre de 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no impuso la pena de prisión para el político catalán, mientras que en Melilla se solicitan cientos de años de cárcel para los 30 acusados.

                El Caso del voto por Correo se inicia en Melilla con el testimonio de dos testigos, que trabajaron para la supuesta asociación ilícita de conspiración para la votación, por lo que cometieron el mismo presunto delito que luego acabaron denunciando. Esta figura se denomina penalmente como coimputado y no es suficiente para sostener la acusación, salvo que existan otros medios de prueba, como las “escuchas telefónicas” y que han sido anuladas en su totalidad. De los dos testigos de cargo, Nordim Abdel-lah Chadili e Ikram Aanan Mimun, el testimonio del primero ha sido anulado por completo, por no coincidir el testimonio prestado como denunciante con el que después manifestó como investigado. La segunda perteneció al propio Partido Socialista como integrante de su Ejecutiva, desde las Juventudes Socialistas, y su testimonio resulta muy comprometido.

                        Irregularidades electorales en Melilla

         Las irregularidades en las elecciones celebradas en nuestra ciudad son consustanciales e inherentes a los propios procesos electorales, desde que se restableció La Democracia en 1978. Regalo de borregos y de ladrillos para la construcción de viviendas recogidos, apagones de luz en determinados barrios para proceder al reparto de sobres en la jornada de reflexión, robos de cajas de voto por correo, asistencia a los votantes por “voluntarios” de todos los partidos políticos, aparición de solicitudes de voto por correo en los lugares más insospechados, sobre rellenos con billetes de 50€ que aparecieron en  los recuentos, denuncias de todo tipo y condición, impugnación sistemática de los resultados proclamados por la Junta Electoral, e incluso la anulación de las elecciones en toda la circunscripción en el año 1989, que había ganado de modo legítimo el partido socialista*.

             Es pura casualidad y coincidencia conocida en toda la ciudad, que siempre un Plan de Empleo coincida con un proceso electoral, bien el inicio de las contrataciones o en su final. Esto puede comprobarse fácilmente en la hemeroteca pública. El Plan de Empleo de 2008 sería una más de todas esas coincidencia del maremágnum electoral melillense. Otra cosa es que eso sea o constituya un delito. Lo que resulta claro, es que la supuesta conspiración para la votación no sirvió para el supuesto fin propuesto, porque la coalición socialista y cepemista perdió las elecciones. Lo que sí parece deducirse es que ese innegable aumento de la votación por correo, benefició tanto a la coalición denunciada como al partido denunciante, que volvió a alcanzar el triunfo electoral, que se repite invariablemente desde 1991.

           La paradoja de la España de las asimetrías, es que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell, puedan tener un horizonte procesal similar al de los principales acusados melillenses, que son Mustafa Aberchán, Gregorio Escobar y Dionisio Muñoz.  Concentran todo tipo de responsabilidades penales que van desde la prisión, hasta la multa, incluyendo la inhabilitación y la expulsión de sus puestos de trabajos.

                                              El inicio del proceso

                El maxi proceso del voto por correo reúne a 30 acusados, más de 600 declaraciones en el proceso de investigación, la citación de dos centenas de testigos, y a una pléyade de abogados y procuradores, se inició el pasado día 9 de octubre.  El proceso deberá determinar si todo ese cúmulo de irregularidades crean figuras penales, como por ejemplo la supuesta tramitación “en masa” de solicitudes de voto por correo,  si todo eso fue una asociación ilícita, y si en algún momento de la cadena se vulneró “el secreto del voto”.  El caso del “voto por correo”, que solo se ha reducido en un 4% tras este espectacular aumento de 2008, se extenderá a lo largo del próximo año 2018.

              La primera vista celebrada el 9 de octubre, supuso también la interrupción del juicio, porque uno de los acusados y testigos de cargo, Nordim Abdel-lah, manifestó en la vista que había perdido la confianza en su abogado. Los acusados fueron llegando en parejas o individualmente a la Torre Norte del V Centenario, que alberga a la Audiencia Provincial y a los juzgados de Instrucción de la ciudad. El primero en llegar fue el ex delegado del Gobierno Gregorio Escobar, seguido de otros significados integrantes del partido socialista, y del presidente de Coalición por Melilla Mustafa Aberchán y ex Presidente de la Ciudad de Melilla.

       Hasta el momento, pese a las violaciones de la Ley Electoral y de la desobediencia abierta al Tribunal Constitucional, cometidas por el Govern de La Generalitat, el Gobierno del Estado muestra su disposición a perdornar todo, si reconducen su camino hacia la legalidad constitucional, porque los problemas políticos deben resolverse en las Instituciones políticas.

                  El uso o recurso instrumental a la Justicia se produce cuando un partido  recurre a la misma para resolver un problema político, como es el conflictivo uso del sistema de voto por correo en Melilla. Será el proceso judicial el que deba determinar si esas irregularidades fueron o no algo más. De momento podemos decir que el intento de sacar a Mustafa Aberchán de la vida política de Melilla mediante el recurso a la vía judicial, puede constituir un error con repercusiones en la estabilidad  social y política futura. Esto ya se ha hecho anteriormente con los alcaldes Gonzalo Hernández, Ignacio Velázquez y Enrique Palacios, todos ex presidentes y alcaldes inhabilitados por la Justicia.

                                Pefil del votante por correo

                      Coalicción por Melilla nunca ha concurrido a las Elecciones Generales y en 2011 sí auspició la abstención activa, lo que hizo decrecer la votación en un 11% en toda la circunscripción. En esta ocasión los votantes solo alcazaron el 49% del censo, mientras que la abstención  llegó hasta el 51%. La media de votación en Melilla se sitúa en un 60%.

                      Es solo una conjetura, pero el pefil del votante por correo melillense pertenece a la denominada “comunidad de origen peninsular”, mientras que el votante imazighen no suele hacer un uso significativo de esta modalidad de voto. La concurrencia por primera vez a una elecciones generales de los cepemistas, puede explicar ese aumento puntual y concreto del votante por correo, al que parece que accedieron por primera vez, aumentando su estadística de modo significativo.

Nota: https://elalminardemelilla.com/2011/06/16/1989-el-pp-celebro-la-repeticion-de-elecciones/

 

 

   

La imprenta Marfeme cierra su taller


        La aparición de la imprenta Marfe hace 20 años, revolucionó el mundo de la copistería en Melilla. Fue creada por la familia Cerezo y su primer taller estuvo situado en la calle del General Marina, de donde luego pasaron a la calle Castelar. Antes de su aparición era muy difícil y caro hacer un grupo de fotocopias en la ciudad, instrumento básico de los estudiantes. Hoy las fotocopiadoras son de uso común y están  extendidas por toda la ciudad, oficinas e instituciones, pero en aquellos años era casi un aparato de “tecnología punta”. La socialización de las fotocopias, de la encuadernación y posteriormente de la edición, llegó a la ciudad con esta familia.

        A lo largo de esas dos décadas, han editado y llevado a cabo todo tipo de trabajos, fundando en el Polígono Industrial del Real la primera imprenta de la ciudad, abierta al uso común. La popularización de los precios hizo que se pudiera contar con el recurso editorial, como un instrumento más de la publicidad. Como siempre sucede, con el éxito también llegó el escándalo, político en este caso, pues la imprenta Marfe fue la escogida para la edición de “la edición” de la hoja de instrucciones para el voto por correo del año 2003, que edita la Junta Electoral de Zona y que es distribuida por la Delegación del Gobierno.   

        Este fue el famoso caso de “presunta inducción al voto por correo” fomentada por el Partido Popular y que fue archivada por los tribunales de Justicia de la ciudad en el año 2003. La del año 2008, que afectó de lleno al Partido Socialista y a Coalición por Melilla, acabó con una colección de imputados, más amplia que el palo de bastos  de una baraja. Como también suele suceder, unos se quedan con la hoz de la cosecha y otros reciben solamente el martillo en la cabeza. Los hermanos Cerezo, después de aquella amarga experiencia, decidieron sobrevivir sin el amparo de las Instituciones. El endurecimiento de las condiciones laborales, la competitividad extrema, y en este caso la enfermedad, han llevado al cierre a esta empresa familair.

                       Cada año, desde 2009, editábamos un almanaque de bolsillo en la imprenta Marfe, con imágenes religiosas de las iglesias de Melilla. Este año no hemos podido hacerlo con lo que se ha quebrado una tradición de siete años. El mundo que conocíamos va desapareciendo poco a poco. Nos quedaremos con ese buen recuerdo, y con la implicación de la familia Cerezo en el mundo de la edición en Melilla, que ha concluido este año.

                    En el mes de enero desapareció la legendaria Cooperativa Gráfica. El poco equitativo reparto del trabajo existente, lleva a algunas empresas subsidiadas cual rémora al poder autonómico a posiciones hegemónicas, y a otras las fuerza al cierre.