Sindicatos de clase y polítícos
La clase más revolucionaria es la burguesía, decía Karl Marx, porque siempre está transformando los medios de producción. El capital siempre se anticipa a los hechos históricos para sobrevivir. Solo en una ocasión la historia les desbordó, fue en Rusia en octubre de 1917, y apenas tardaron un siglo en volcar la experiencia socialista. Es cierto que el modelo implantado fue un «capitalismo de Estado», pero a su rebufo las clases trabajadoras europeas consiguieron derechos laborales, transformaciones políticas y la aparición del Estado del Bienestar. Fracasó el modelo de Estado, pero eso no supuso la desaparición de las ideas, ni tampoco que todo el modelo económico quedara descartado. Si en algún momento hubo menos desigualdades sociales y en donde la protección del Estado fuera mayor, ese tiempo fue el de los Estados socialistas, aunque solo lo fuesen de nombre y de intenciones.
El único modo para transformar la sociedad es hacerse con el Poder político. Ya no es era de revoluciones violentas, así pues el único modo de acceder al poder, es mediante las elecciones. En un tiempo, los sindicatos eran no solo de clase, sino también de adscripción política. Hoy cuesta mucho pensar en Comisiones Obreras como un sindicato comunista, sin embargo su origen es ese. Casi lo mismo sucede con la Unión General de Trabajadores y el socialismo, o el brazo laboral del PSOE. El resto, salvo el sindicato anarquista (Confederación General de Trabajadores), o la ideología suicida, son sindicatos corporativos, que defienden intereses de colectivos específicos, aunque parte de ellos conserven su carga ideológica. Algunos está adscritos a la izquierda, y el resto, los corporativos, son casi todos de derecha o conservadores. Sindicatos y partidos caminaron en otro tiempo de la mano y por la misma senda. Fue en la etapa del gobierno de Felipe González (1982-1996), cuando se quebró la alianza entre la UGT y su partido matriz. La ruptura entre CC.OO y el partido comunista ya ni se recuerda.
Trabajadores del Estado en Melilla
Melilla cuenta con 661 trabajadores del Estado, o sea, personas que están unidas al mismo con un contrato laboral. La pervivencia de este colectivo, junto con el de funcionarios, es la que ha permitido que en una de las crisis cíclicas del capitalismo, de las más extensas y profundas de las últimas décadas, se haya mantenido una gran base social con cierto poder adquisitivo, que ha sostenido una demanda de consumo que ha impedido el desmoronamiento completo de la economía. En una sociedad de consumo como la actual, escasamente industrializada, si no se garantiza un nivel de consumo mínimo, el desplome afectaría a la economía en su conjunto. Los servicios del Estado a la población (educación, sanidad, seguridad, pensiones), son los que vertebran la sociedad, garantizan los servicios básicos e impiden los movimientos sociales revolucionarios, al margen de la actividad política de partidos. Según el marxismo tradicional, en unas condiciones como las actuales, las masas desheredadas deberían alzarse en busca del cambio político revolucionario. Sin embargo, nada de eso ocurre ya, teniendo en cuenta que el salario medio del funcionario o trabajador estatal es de 1200€, la pensión media es de unos 800€, el salario mínimo no alcanza los 700€ y la paga básica a los desempleados de larga duración es de 400€. Con lo que roba o defrauda uno solo de los ricos españoles o cualquiera de los saqueadores del Estado, se podría sostener a decenas de miles de pensionistas y parados. Todo esto sucede en un mercado laboral en la que ya ha aparecido la figura del trabajador pobre, o sea, la persona que teniendo trabajo, apenas cubre los recibos de mantenimiento del hogar y los desplazamiento al lugar de trabajo.
El futuro laboral carecerá de empleo estable, digno y bien remunerado, salvo en los sectores básicos garantizados y que queden en manos del Estado. La figura del precariado avanza hacia el mundo del trabajo, traída de la mano por las últimas reformas laborales. Los sindicatos todavía ofrecen alguna protección, en un mundo en el que el trabajador ya no siente la necesidad de estar afiliado. Muchos grandes empresas disuaden a sus trabajadores de pertenecer a los sindicatos, y muchos sectores económicos funcionan ya sin regulación laboral alguna. La desaparición de la industria y la atomización del mundo laboral trajo consigo la disminución de la capacidad de presión frente al abuso empresarial. El neoliberalismo y su concepción del mundo del trabajo se expande sin freno alguno por todo el orbe. La deslocalización de empresas hace que sean trasladadas hacia lugares en donde el coste salarial es ínfimo, los derechos nulos, y el beneficio máximo. Los convenios colectivos desaparecen como escudo de protección del trabajador. La última reforma laboral, impuesta por la derecha política con el voto de cómplice de las clases más afectadas por ella, ha sido una de las más agresivas del último siglo. Todo el camino recorrido hasta aquí en los últimos 100 años, ha sido volatilizado en un solo mes.
En las elecciones sindicales del pasado 24 de febrero, votó casi el 70% de los trabajadores del Estado en la ciudad. El originario sindicato socialista, UGT, obtuvo 187 votos y 10 delegados. Los ex comunistas de CC.OO sumaron 95 votos y 5 delegados. Unión Sindical Obrera, situado en la derecha ideológica, obtuvo la misma representación que Comisiones Obreras, 5 delegados, con 87 votos. Los corporativos de enfermería, Satse, y Csif de funcionarios, alcanzaron un delegado cada uno, con 28 y 25 votos respectivamente
El Alminar de Melilla 