Gregorio Escobar en el escáner

Mustafa Aberchan

el rosario de los acusados

La senda de la Justicia

La Torre de La Justicia

          La presencia del Partido Popular como acusación particular junto al Ministerio Fiscal, como si éste no fuera suficiente para la persecución de los presuntos delitos, así como la notoriedad política de algunos de los acusados como Mustafa Aberchán, presidente de Coalición por Melilla; Dionisio Muñoz, ex secretario general del PSOE; Alonso Díaz, ex secretario general de UGT; y Gregorio Escobar, ex Delegado del Gobierno en Melilla, confieren al caso del Voto por Correo de 2008, un clarísimo carácter político, que lo eleva por encima de los presuntos y numerosos delitos atribuidos a los acusados, y a la gran cantidad de acusados, hasta treinta, que lo convierten también en un maxi proceso. También  hay que decir que es el propio Partido Popular el que denunció los hechos investigados por la Justicia, y ahora sometidos a juicio. Todo hace referencia a un crecimiento anómalo de los votos por correo en las Elecciones Generales de 2008.

              Aislado el hecho concreto, el crecimiento hasta el 11,42% del voto por correo supone un cenit anómalo en este tipo de votación, que si se analiza en el conjunto de datos que van desde 2003 hasta 2016, aportan una perspectiva distinta.  El voto por correo se está incrementando en Melilla en progresión aritmética desde la primera fecha mencionada,  desde el 4,5% hasta casi el 7% de la última convocatoria electoral en 2016,. La media de votantes por correo en Melilla siempre duplica al de la media nacional, y al de cualquier otra ciudad española en todos los periodos electorales. También se puede comprobar que la cifra de votantes por correo siempre es más alta en las elecciones locales que en las generales.

                Hay una utilización numerosa de esta modalidad de voto, prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en Melilla desde el año 2003, y que siempre es superior a la del Estado. Existe un precedente de denuncia por presunta manipulación del instrumento del Voto por Correo en 2007, que afectó al Partido Popular y que fue sobreseída por los tribunales de Justicia.  Sin embargo, la ayuda o la inducción a la votación por correo, no suponen en principio ninguna irregularidad, salvo que se viole el proceso del voto o su obligatoria confidencialidad.

                  La coincidencia del inicio del proceso del Voto por Correo  DPA 0000552/2008, y el referéndum ilegal celebrado en Cataluña del 1 de octubre de 2017, permite apreciar las diferencia entre lo que es una violación completa de la LOREG y las presuntas infracciones juzgadas en Melilla, en donde se ha interrogado a más testigos que en el «process» catalán, y en el que probablemente existen hasta más acusados, y curiosamente casi con los mismos cargos, incluido el de malversación de caudales públicos, que finalmente ha sido apartado de la presente causa, y por el que resultó condenado el ex presidente de La Generalitat Artur Mas, al celebrar la consulta ilegal de septiembre de 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no impuso la pena de prisión para el político catalán, mientras que en Melilla se solicitan cientos de años de cárcel para los 30 acusados.

                El Caso del voto por Correo se inicia en Melilla con el testimonio de dos testigos, que trabajaron para la supuesta asociación ilícita de conspiración para la votación, por lo que cometieron el mismo presunto delito que luego acabaron denunciando. Esta figura se denomina penalmente como coimputado y no es suficiente para sostener la acusación, salvo que existan otros medios de prueba, como las «escuchas telefónicas» y que han sido anuladas en su totalidad. De los dos testigos de cargo, Nordim Abdel-lah Chadili e Ikram Aanan Mimun, el testimonio del primero ha sido anulado por completo, por no coincidir el testimonio prestado como denunciante con el que después manifestó como investigado. La segunda perteneció al propio Partido Socialista como integrante de su Ejecutiva, desde las Juventudes Socialistas, y su testimonio resulta muy comprometido.

                        Irregularidades electorales en Melilla

         Las irregularidades en las elecciones celebradas en nuestra ciudad son consustanciales e inherentes a los propios procesos electorales, desde que se restableció La Democracia en 1978. Regalo de borregos y de ladrillos para la construcción de viviendas recogidos, apagones de luz en determinados barrios para proceder al reparto de sobres en la jornada de reflexión, robos de cajas de voto por correo, asistencia a los votantes por «voluntarios» de todos los partidos políticos, aparición de solicitudes de voto por correo en los lugares más insospechados, sobre rellenos con billetes de 50€ que aparecieron en  los recuentos, denuncias de todo tipo y condición, impugnación sistemática de los resultados proclamados por la Junta Electoral, e incluso la anulación de las elecciones en toda la circunscripción en el año 1989, que había ganado de modo legítimo el partido socialista*.

             Es pura casualidad y coincidencia conocida en toda la ciudad, que siempre un Plan de Empleo coincida con un proceso electoral, bien el inicio de las contrataciones o en su final. Esto puede comprobarse fácilmente en la hemeroteca pública. El Plan de Empleo de 2008 sería una más de todas esas coincidencia del maremágnum electoral melillense. Otra cosa es que eso sea o constituya un delito. Lo que resulta claro, es que la supuesta conspiración para la votación no sirvió para el supuesto fin propuesto, porque la coalición socialista y cepemista perdió las elecciones. Lo que sí parece deducirse es que ese innegable aumento de la votación por correo, benefició tanto a la coalición denunciada como al partido denunciante, que volvió a alcanzar el triunfo electoral, que se repite invariablemente desde 1991.

           La paradoja de la España de las asimetrías, es que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell, puedan tener un horizonte procesal similar al de los principales acusados melillenses, que son Mustafa Aberchán, Gregorio Escobar y Dionisio Muñoz.  Concentran todo tipo de responsabilidades penales que van desde la prisión, hasta la multa, incluyendo la inhabilitación y la expulsión de sus puestos de trabajos.

                                              El inicio del proceso

                El maxi proceso del voto por correo reúne a 30 acusados, más de 600 declaraciones en el proceso de investigación, la citación de dos centenas de testigos, y a una pléyade de abogados y procuradores, se inició el pasado día 9 de octubre.  El proceso deberá determinar si todo ese cúmulo de irregularidades crean figuras penales, como por ejemplo la supuesta tramitación «en masa» de solicitudes de voto por correo,  si todo eso fue una asociación ilícita, y si en algún momento de la cadena se vulneró «el secreto del voto».  El caso del «voto por correo», que solo se ha reducido en un 4% tras este espectacular aumento de 2008, se extenderá a lo largo del próximo año 2018.

              La primera vista celebrada el 9 de octubre, supuso también la interrupción del juicio, porque uno de los acusados y testigos de cargo, Nordim Abdel-lah, manifestó en la vista que había perdido la confianza en su abogado. Los acusados fueron llegando en parejas o individualmente a la Torre Norte del V Centenario, que alberga a la Audiencia Provincial y a los juzgados de Instrucción de la ciudad. El primero en llegar fue el ex delegado del Gobierno Gregorio Escobar, seguido de otros significados integrantes del partido socialista, y del presidente de Coalición por Melilla Mustafa Aberchán y ex Presidente de la Ciudad de Melilla.

       Hasta el momento, pese a las violaciones de la Ley Electoral y de la desobediencia abierta al Tribunal Constitucional, cometidas por el Govern de La Generalitat, el Gobierno del Estado muestra su disposición a perdornar todo, si reconducen su camino hacia la legalidad constitucional, porque los problemas políticos deben resolverse en las Instituciones políticas.

                  El uso o recurso instrumental a la Justicia se produce cuando un partido  recurre a la misma para resolver un problema político, como es el conflictivo uso del sistema de voto por correo en Melilla. Será el proceso judicial el que deba determinar si esas irregularidades fueron o no algo más. De momento podemos decir que el intento de sacar a Mustafa Aberchán de la vida política de Melilla mediante el recurso a la vía judicial, puede constituir un error con repercusiones en la estabilidad  social y política futura. Esto ya se ha hecho anteriormente con los alcaldes Gonzalo Hernández, Ignacio Velázquez y Enrique Palacios, todos ex presidentes y alcaldes inhabilitados por la Justicia.

                                Pefil del votante por correo

                      Coalicción por Melilla nunca ha concurrido a las Elecciones Generales y en 2011 sí auspició la abstención activa, lo que hizo decrecer la votación en un 11% en toda la circunscripción. En esta ocasión los votantes solo alcazaron el 49% del censo, mientras que la abstención  llegó hasta el 51%. La media de votación en Melilla se sitúa en un 60%.

                      Es solo una conjetura, pero el pefil del votante por correo melillense pertenece a la denominada «comunidad de origen peninsular», mientras que el votante imazighen no suele hacer un uso significativo de esta modalidad de voto. La concurrencia por primera vez a una elecciones generales de los cepemistas, puede explicar ese aumento puntual y concreto del votante por correo, al que parece que accedieron por primera vez, aumentando su estadística de modo significativo.

Nota: https://elalminardemelilla.com/2011/06/16/1989-el-pp-celebro-la-repeticion-de-elecciones/