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Sanidad pública y privada en Melilla

Fuimos nosotros mismos los que pusimos a los agentes inversores tras la pista, porque detrás de cualquier actividad económica hay inversores e intereses económicos. Tras cada sorteo de Navidad, y tras no ser agraciados con premio alguno (el 95% de los que juegan/jugamos), siempre repetimos la misma cantinela: ¡Lo importante es la salud!, y ya no necesitaron más. La gran bolsa de negocio estaba descubierta.

La Peste de los murciélagos o pandemia de Wuhan, ha puesto y sigue poniendo en evidencia muchas cosas. La primera es que la sanidad privada no existe (salvo las clínicas de estética) sin el entronque con lo público. Este es el caso de las compañías de prestación de servicios sanitarios (Adeslas, Asisa, Sanitas, DKV) que firman convenios con las Administración Pública, a través de MUFACE (Mutualidad de Funcionarios del Estado). En otro apartado entrarían las Mutuas laborales, entidades que prestan servicios en colaboración con la Seguridad Social. La mayor parte de ellas tienen problemas de solvencia económica y la atención que prestan es la mínima exigida. Tampoco suelen tener especialistas.

Lo mismo ocurre con las entidades mencionadas (aquellas que aceptaron el concierto con el ente Público) que dejaron una prestación básica para los asociados, y crearon una cuota privada que ampliaba los servicios, pero tampoco mucho. Todo esto ocurrió con los recortes sanitarios iniciados en 2011, que no solo consistieron en disminuciones brutas del gasto, sino también en el recorte asistencial y de prestaciones que hasta ese momento, se ofrecían a funcionarios y trabajadores, aunque estos últimos a través de las Mutuas de servicios médicos generales.

Esto se manifestó en Melilla en dos acciones muy claras. La primera fue la paralización de las obras del Hospital, la segunda la de recortar aquellos servicios médicos a los que se tenía derecho a través de MUFACE y las Mutuas, como por ejemplo la obligatoriedad de contar «con dos especialistas de cada área médica» en la ciudad. Todo esto trajo como consecuencia la desaparición de médicos con consultas privadas en la ciudad, y la proliferación de clínicas vinculadas de alguna u otra manera a la esfera pública.

Hospital público, clínica privada

La llegada de la peste de los murciélagos (2019-2021) ha puesto en evidencia el sistema sanitario de los países desarrollados y la hasta ahora incuestionable universalidad de la salud, un concepto que no ha conseguido desarrollarse ni extenderse, es más, empieza a estar en retroceso. La parte de pago de la sanidad tiene cada vez una mayor extensión. La mala gestión, el derroche y los recortes han hecho el resto.

Un médico amigo del blog nos dijo en una ocasión: «la medicina se puede ejercer tanto por vocación como por interés económico, y en ambos casos puede resultar muy rentable, pero siempre atendiendo a la salud del ciudadano». Eso sí, si se quiere rebasar esa barrera de la rentabilidad, se necesita una vinculación con los contratos públicos.

En Melilla, en la casi década (2012-2019) no se cumplió nada de esto, predominando el interés privado, y el establecimiento de nuevas alianzas en el sector sanitario. La nueva Administración sanitaria paralizó las obras del nuevo hospital, que siguen inconclusas en pleno rigor pandémico. Se revocó, a propuesta de la Consejería de Sanidad de Melilla, el contrato de prestación de servicios radiológicos y diagnósticos con las Clínicas Remartínez, mediante una denuncia en el Consejo de Estado. Mientras tanto, está retrasada la licitación de un nuevo contrato, y vemos surgir clínicas y consultas de tratamientos específicos, y que ofrecen la atención de médicos especialistas, que visitan la ciudad como máximo 1 vez al mes, o por semana. La Administración sanitaria debió ser árbitro, y no parte, lo que contribuyó al desmoronamiento de la sanidad pública en la ciudad. Entre 1921 y 1991, el hospital de la Cruz Roja fue la única opción sanitaria de los melillenses.

Esta parcela comprendida entre las calles falangista Matías Montero, alférez Roldán González, José Obadía Benhamú y Martín de Bocanegra, tiene unas dimensiones de 480 m², en suelo urbano calificado como residencial, con edificio principal edificado en 1958. Cuando esté construida, será la 1ª clínica privada de Melilla. La tarta sanitaria de Melilla es muy rentable y amplia, e incluye pruebas diagnósticas, análisis clínicos y el traslado de pacientes y sanitarios a Málaga, servicio que originó un «escándalo político» en los albores de la pandemia.

Esta clínica en construcción, sobre lo que fueran los almacenes del melillense Pepe Imbroda, pertenece al grupo Rusadir de salud, y concentrará todos los servicios diagnósticos y de atención médica, que ahora tiene diseminados por distintos lugares de la ciudad. La fecha de la licencia de obra se concedió en abril de 2019, un mes antes de las últimas elecciones locales y autonómicas. Sin embargo, y pese a este nueva construcción, el problema sanitario de la ciudad está muy lejos de ser resuelto. Hasta la fecha, la actividad privada no ha conseguido aportar una sola cama hospitalaria.

Traslados, cierres y el caso Torres- Puchol

El 28 de mayo de 2014, Jaime Alonso Véliz, profesor palentino afincando en Melilla, publicó una carta de el diario Melilla Hoy, con este título: La mafia sanitaria en Melilla y sus consecuencias. Lo imaginábamos confinado en una isla desierta, o encerrado como galeote, pero sigue en la ciudad y es uno de sus escritores más prolijos, además de ser el fundador de la Escuela Oficial de Idiomas. En la carta, explica las consecuencias y trastornos personales que se derivan de esos traslados, que unas veces se autorizan y otras no. ¿Cuál es el coste económico de esos traslados?

Valeriano Garrido Torres- Puchol es un dermatólogo granadino que estuvo en nuestra ciudad a lo largo de una década. Fue presidente del Colegio de Médicos, sustituyendo a su fundador Enrique Remartínez. Se fue de la ciudad tras un oscuro asunto en el que acusaron a su mujer, microbióloga, de alterar, presuntamente, datos de analíticas en el Hospital Comarcal. Tras largos años de tribunales, consiguió la total exoneración de su esposa. Valeriano Garrido tenía consulta y laboratorio de analíticas en la calle Carlos de Arellano.

Profesionales médicos que han preferido la excedencia, traslados voluntarios de un día para otro, y la renuencia casi total, de cualquier especialista a acudir a a las plazas ofertadas en el Comarcal. No sabemos qué ocurrirá en 2023, cuando el nuevo hospital esté listo para entrar en funcionamiento. Nuevas alianzas que se tejen entre grupos sanitarios, la absorción del Laboratorio Lamas por el grupo Echevarne, y otros movimientos que se siguen produciendo. Los mejores equipos médicos de radiodiagnóstico en una infrautilización casi completa.

El décimo país del mundo en fallecimientos (61.389), casi los mismos que Alemania, pero con la mitad de la población. Estamos a merced del azar, solo protegidos por el cuerpo sanitario (médicos/as, enfermeras/os, auxiliares, técnicos de laboratorios y especialistas), a los que se les está exigiendo un esfuerzo solo comparable a los de las guerras. De la 1ª a la 3ª ola no se ha tomado una sola medida de refuerzo del sistema sanitario.

Si se quiere hacer un monumento, hay que hacerlo a los sanitarios de esta ciudad. Eso es valor y vocación sin límites, en una lucha sin tregua por salvar vidas. Los de las guerras fueron héroes forzados.