José González Orell es un melillense que pasó toda su vida profesional en Melilla. En la década de 1970 fue el fundador junto con otras personas de APROME (Asociación Pro Melilla), asociación surgida a raíz de la Ley de Asociaciones Políticas con la que el franquismo intentó una engañosa apertura política. Durante esa década e incluso en añor posteriores, APROME, intentó ser el germen del nacionalismo melillense, del que luego se haría cargo el PNEM (Partido Nacionalista Español de Melilla).

          Todos esos intentos de consolidar un melillismo nacionalista tuvieron su apogeo en 1991, cuando este último partido, ya escindido de APROME y liderado por Amalio Jiménez, obtuvo dos concejales, que sirvieron de apoyo al PP de Ignacio Velázquez para formar mayoría de gobierno.

          González Orell vivía en la Carretera de Hidum, en la finca que era conocida como Huerta del Práctico y que se situaba en la zona que la que hoy se asientan las viviendas de Las Palmeras. Tras jubliarse se afincó en Morón de La Frontera, localidad en la que actualmente reside. Mantiene su vinculación con Melilla con constantes viajes y con una pequeña publicación de sus reflexiones personales, difíciles de entender algunas, y que distribuye mensualmente por correo tradicional a 250 melillenses.

            Entre otras cosas, y reflexiones y opiniones de todo tipo, explica el largo pleito judicial que mantiene en Melilla, por la tasación y expropiación de la finca de la que era propietario. Todo el conjunto constituye un rocambolesca historia  judicial, con decisiones y actos jurídicos de todo tipo. Son constantes su consideraciones y opiniones negativas sobre determinados actos judiciales y sobre nombres propios de La Justicia de Melilla.

                    La condena

         El  Juzgado de lo Penal nº 2, en sentencia dictada por el Magistrado D. Álvaro Salvador Prieto, con nº 79/11 y dentro del procedimiento 151/2010 seguido contra el ciudadano José González Orell, por un delito continuado de calumnias, le condena finalmente por una falta de injurias a la pena de 20 días y una multa de 12 euros diários por cada día de condena y así mismo, le obliga  a pagar una indemnización de 5000 euros al Magistrado Rafael Benítez Yébenes, que era objeto continuado de sus descalificaciones.